Un auto judicial ordena archivar el crimen de Navatejera, sin resolver tras siete años
La familia de la víctima presenta un recurso en la Audiencia para evitar que el asunto sea sobreseído.
Flor Ameijeiras y Jesús Fernández, tras una foto de su hija Rocío en una imagen de archivo.
La muerte violenta de Rocío Fernández Ameijeiras, una joven de 24 años que falleció asesinada el 7 de junio del 2005 y cuyo cadáver apareció en un vertedero de Navatejera, quedará sin resolver si no prospera el recurso presentado por su familia contra el auto de archivo dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de los de León, que entiende que no hay pruebas ni indicios concluyentes contra el principal sospechoso, un joven leonés al que estaba unida sentimentalmente, ni tampoco contra un segundo imputado, vecino de Villablino, que quedó fuera del caso.
Rocío desapareció de su casa el 13 de mayo del 2005. La investigación sospecha que varios SMS tranquilizadores dirigidos a sus padres, en los que explicaba que se había ido voluntariamente de su domicilio a buscar trabajo, fueron enviados por otra persona ajena a la joven, posiblemente el autor de su muerte, aunque nunca se ha podido probar este extremo.
Tras la aparición del cadáver, la Guardia Civil detuvo a un joven de 22 años que negó su implicación en los hechos y fue puesto en libertad a continuación. «Ese fue el primer error de la investigación», se quejó ayer a este periódico Carlos Redondo, el abogado de la familia.
Segunda autopsia
El recurso contra el auto que decreta el archivo del caso lamenta que no se haya permitido a la familia realizar una segunda autopsia que los padres de Rocío habían encargado al doctor Frontela. «La Policía Local detuvo a unos rumanos que confesaron que sabían lo que había pasado, pero no se tomó en cuenta ese testimonio y el principal sospechoso se ha negado a realizarse las pruebas de ADN. ¿Si es inocente, por qué no colabora con la justicia?», insistió Redondo.
El asunto se enrevesó con la denuncia presentada por la juez instructora contra el letrado de la familia ante el Colegio de Abogados, por disconformidad con sus prácticas. «La Guardia Civil no tiene ninguna instrucción para seguir investigando, así no pueden hallar más pruebas y aunque ella diga que los forenses de León no se equivocan, hubo errores en la autopsia», criticó Redondo. «Si con Marta del Castillo y con Bretón ha habido errores ¿por qué no puede haberlos aquí también?».