El fiscal prorroga la investigación sobre Santos Llamas y Lagartos en la Caja
Archiva las diligencias sobre la indemnización de 554.000 euros a Fernández.
La Fiscalía de León considera que la indemnización de 554.000 euros al ex alcalde de León y consejero de Caja España, Francisco Fernández, en su calidad de trabajador de la entidad, no es constitutiva de delito, mientras ha prorrogado las diligencias abiertas sobre la actuación del ex presidente y el ex director general, Santos Llamas e Ignacio Lagartos, a los que también investiga respectivamente por los créditos concedidos y la indemnización que percibió por su salida de la entidad. En ambos casos, la Fiscalía está a la espera de nuevos informes contables, dentro de la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) a los directivos de las cajas de la comunidad tras una denuncia de IU.
En el caso de Francisco Fernández, y a la vista de los informes y la documentación recibida, la Fiscalía entiende que la percepción es la que le correspondía conforme a los criterios de la entidad. En la denuncia de IU, la coalición hablaba de un posible delito de «tráfico de influencias», al haber logrado Fernández la indemnización «estando en excedencia» y «saltándose la preferencia con la que contaban más de cien trabajadores de la entidad», si bien dejaba claro que darle ese dinero era «potestad» de la Caja.
A raíz de hacerse pública, Fernández dimitió como candidato número dos del PSOE al Congreso en vísperas de la campaña electoral del 20-N tras una fuerte polémica.
La opinión del fiscal jefe tendrá que ser remitida ahora a la Fiscalía General del Estado, a la que se remitió a su vez el TSJ y que fue quien ordenó a los fiscales provinciales abrir diligencias sobre las cajas de la comunidad tras la denuncia de IU.
La coalición, según confirmó ayer su coordinador provincial, Santiago Ordóñez, no ha recibido, de momento, ninguna comunicación oficial, si bien entiende que es el Tribunal Superior de Justicia quien tiene que pronunciarse porque fue en Burgos donde IU presentó la denuncia sobre todas las cajas, incluida la indemnización de Francisco Fernández.
El pasado mes de diciembre, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, remitió a la Fiscalía General del Estado la denuncia de la coalición sobre las «dudas de legalidad» en sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos a directivos de las distintas entidades de Castilla y León.
La Fiscalía del TSJ la envió a Madrid al entender que ya tenía otras similares relativas a distintas comunidades y considerar que era la máxima jerarquía del Ministerio Fiscal quien tenía que decir a quién competía investigar. El coordinador autonómico de IU, José María González, remitió la denuncia al TSJ -cinco folios con documentación sobre Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia- tras no recibir respuesta en las Cortes.