«Eliminar la extra a los funcionarios va a ser la puntilla para el comercio»

Manuel Martínez Domínguez (León, 1958) es funcionario del Cuerpo Facultativo Superior de la escala sanitaria de veterinarios desde 1985 y presidente de la Junta de Personal de la administración autonómica en León desde mayo de este año, organización que agrupa a los 1.600 funcionarios de la Junta en la provincia, que no son ni docentes ni sanitarios. Los trabajadores, no sólo los funcionarios, están en pie de guerra por los recortes. La eliminación de la extra de Navidad ha sido la gota que ha colmado el vaso.

—¿Son los funcionarios los paganos de la crisis?

—En León hay 15.700 empleados públicos de la Junta, según las últimas elecciones sindicales, entre laborales y funcionarios. En nuestros caso, además de los recortes de la Junta, nos estamos viendo afectados como todos los ciudadanos por otras medidas como el copago, la subida del IVA, el céntimo sanitario... En nuestro caso se unen a ese 5% de reducción del salario en mayo de 2010, que fue ya un punto de inflexión, y la eliminación de la extra de Navidad, que ha sido desmotivadora y que va a ser difícilmente recuperable, además del aumento de la jornada de 35 a 37,5 horas semanales. Sólo la extra de Navidad va a suponer en Castilla y León 200 millones de euros menos y 65 en la provincia.

—Esa pérdida de poder adquisitivo, entre unas cosas y otras, ¿a cuánto asciende en los últimos años según sus cálculos?

—Sólo desde mayo de 2010, a un 20%. Y en los últimos 30 años, llega a un 40%. Hay que tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo con respecto al IPC. Los moscosos, que tanta polémica han traído, se dieron en compensación por la subida del 12% del IPC en el año 1982, que no se pudo compensar en su día.

—¿La Junta ‘castiga’ más a sus funcionarios que otras Administraciones?

-—No más. Es como todas. En nuestro caso, todavía no hemos comenzado a negociar.

—¿Tienen los funcionarios mala prensa?

—Bueno, es verdad que existe un concepto muy atávico, empezando por Larra y acabando por Forges. Ambos han contribuido a ese estereotipo. Pero los ciudadanos deben saber que cuando van a un hospital, el médico y la enfermera que les atienden son funcionarios, y están muy valorados, según las últimas encuestas en sanidad. O los profesores, los bomberos... también son funcionarios públicos. Y casi siempre lo son con gran eficacia.

—En su opinión, ¿son muchos o pocos funcionarios?

—El punto de referencia suele ser Alemania. Tiene 82 millones de habitantes por 46 España y existen 4,5 millones de empleados públicos por 2,5 que tenemos nosotros, con 5,5% empleados públicos por habitante. Estamos en la media; no nos vamos a comparar con Finlandia, donde se llega al 10,6%. Hay una cosa clara: si quieres buenos servicios públicos, tienes que tener buenos empleados públicos. Ser médico en la Cabrera no es lo mismo que en León, y por eso tiene que ir un funcionario público, para garantizar la igualdad de derechos. Otra cosa es la estructura pública, que quizá no ha sabido adaptarse a los tiempos y no tiene la suficiente agilidad. Lo que hay que tratar es de que la Administración se adapte a los servicios que debe prestar. Hay que hacer una reasignación, porque a lo mejor sobran en un servicio y faltan en otro. Por ejemplo, la Concejalía de sanidad y Bienestar Social se llamó así en su día, pero la gestión no se trasladó a la periferia de las provincias.

—Entre casi 16.000 funcionarios de la Junta en León habrá dedo; mucho o poco, pero habrá quien haya entrado con enchufe.

—Todo lo contrario. El 90% de las convocatorias han respetado la capacidad, igualdad, mérito y publicidad que exige la Ley.

—¿Y el otro 10%?

—Hay que tener en cuenta que en estos últimos 30 años también ha habido proceso de integración de otros funcionarios, como el Hospital Psiquiátrico de ‘Santa Isabel’, por poner un ejemplo.

—Volvamos a las protestas. ¿Están sirviendo de algo, al menos para que la Junta, en su caso, se siente a negociar?

—Tienen que ir ganando en intensidad y en participación de los propios funcionarios. Depende de nosotros. Tenemos que recuperar el valor de los servicios públicos. Los ciudadanos, quizá no están siendo muy conscientes, pero lo van a notar cuando se note esa pérdida de calidad. Lo que ha costado 30 años de trabajo se está perdiendo a marchas forzadas, de consejo en consejo de ministros. Insisto: es imprescindible esa conciencia de los ciudadanos. No se nos está haciendo caso: se nos está humillando con tropelías... Por eso tenemos que manifestar nuestra oposición a los recortes.

—¿No cree que los ciudadanos les ven, en cierta medida, más como unos privilegiados, con trabajo fijo y asegurado con la que está cayendo?

—Lo dicen determinados políticos. Se deteriora esa imagen porque estamos en una sociedad con un 25% de desempleo y los jóvenes sin trabajo mientras hay políticos con todo tipo de prebendas, que cobran indemnizaciones escandalosas. No nos importa ser solidarios. Seríamos los primeros, pero no somos los culpables de que se esté empobreciendo el país. La extra de Navidad, esos 60 millones de euros en la provincia, van a serla puntilla para el comercio, para el pequeño y para el grande que en León casi depende en exclusiva de los funcionarios y los pensionistas, porque carecemos de industria y sólo hay que ver cómo están la minería y la agricultura. En León, en total, hay unos 20.000 empleados públicos. Si les aprietas aún más el cinturón sólo estás generando más desempleo. Si a eso añades empresas señeras como Antibióticos, pues usted me dirá.

—Si esto no cambia, ¿qué se avecina para los funcionarios públicos?

—Despidos de empleados públicos contratados e interinos; reducción de otro 20% del sueldo, reducción del periodo vacacional a 15 días, cobrando el 80% del salario en 2013-14 y el 60% en el 2015, incremento de las contrataciones externas, jornada de mañana y tarde, trabajar los sábados... Estamos convencidos de que hay otras soluciones y alternativas para reducir el déficit público que no pasen por recortes de la función pública.