Diario de León

Los abogados advierten de los peligros de las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno

Imagen de la concentración celebrada ayer en los juzgados de la capital.

Imagen de la concentración celebrada ayer en los juzgados de la capital.

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David Díez Revilla, delegado de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, advirtió ayer del peligro que supone la aprobación de las tasas judiciales que el Gobierno pondrá en marcha «que van a limitar el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos. Este decreto no solamente afecta al colectivo de los abogados. Los funcionarios, los secretarios judiciales, los jueces y los licenciados que quieran acceder a la profesión se van a ver afectados también. Pero el tema va mucho más allá. La tutela judicial efectiva se está viendo vulnerada clarísimamente más allá de la repercusión profesional que pueda tener, que es evidente como les ocurre al resto de los sectores».

Casi dos centenares de profesionales protestaron a las puertas de los juzgados de Sáez de Miera por la medida: «Somos los primeros interesados en que la Justicia funcione, pero no solamente la conforma el personal. Hay que modernizar el sistema, que es obsoleto y necesita medios personales y recursos económicos pero no frenar el acceso a la Justicia de esta manera. Nos sentimos apoyados por los demás colectivos, nos ha sorprendido gratamente porque la movilización ha tenido una respuesta estupenda».

«Estábamos a la expectativa de esta convocatoria para celebrar nuevos actos. A la vista de que ha sido un éxito esperamos muchísimas más movilizaciones con otros colectivos. Hay que partir de que el ciudadano se va a encontrar a partir de ahora con que para reclamar cualquier factura, por pequeña que sea, tendrá que poner dinero de su bolsillo. El Estado va a ser deudor y reclamador».

«El turno de oficio se va a ver afectado porque la justicia gratuita también se va a ver recortada y de hecho esto de hoy solamente es un paso previo. Nos tememos que esto nos devuelva a problemas del pasado y que genere la privatización incluso de algunos servicios. Colectivos como los de Madrid, Almería, Granada y algún otro llevan más de un año de retraso en el cobro. Aquí tenemos un retraso moderado».

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