Carrasco traslada a los portavoces la situación límite de la prestación social
Martínez, Bayón, González, Carrasco, Rodríguez Aller y Llorente, en la reunión.
En la cima de los inconvenientes inmediatos para la Diputación de León la deuda que acumula la Junta de Castilla y León con la hacienda del Palacio de los Guzmanes; flotó en la reunión de Isabel Carrasco con los portavoces de los grupos de la oposición, y las consecuencias fatales que tiene para planificar actuaciones. Más de veinte millones de euros pendientes, que obligan a la administración leonesa a adelantar pagos para prestar servicios comprometidos por la Junta.
La política de acción social que promueve la Diputación leonesa está hipotecada a partir de ahora por la merma de las aportaciones de Junta y Estado, según informó la presidenta al gabinete de portavoces, que formaron Jaime González (PP), Luis Rodríguez Aller (PSOE), Lázaro García Bayón (UPL) y Matías Llorente (no adscritos). De la respuesta que la Diputación dé a esos recortes depende la subsistencia de la ayuda a domicilio, o de la teleasistencia. Las inversiones están también condicionadas por la falta de financiación y los incrementos extraordinarios que llegarán del Estado, alrededor de 2 millones, pueden quedar atrapados por la amortización de deuda. Carrasco también expuso a los grupos políticos su intención de hacer partícipes a los representantes sindicales del alcance de la crisis en la institución.
La reorganización derivada de la crisis del PSOE, que ha originado la salida de dos diputados socialistas hacia un grupo no alineado que aspira ya a ser un grupo independiente (con Llorente y López) no protagonizó ningún episodio de la reunión de la presidenta con los portavoces políticos. La Diputación mantiene que toda la reorganización que aplicará a la composición plenaria no supondrá ninguna carga económica a mayores. Ni para ubicación de los diputados ni en remuneración.