El TSJ anula la amortización de las 12 plazas de la oposición de bomberos
. La sentencia matiza que no puede pedirle al Ayuntamiento que reanude el proceso de oposición.
La paralización desde hace más de un año de las 12 plazas de bomberos del Ayuntamiento de León, para las que ya se han hecho todas las pruebas y sólo queda por conocer la nota de los 31 últimos aspirantes, añaden un nuevo actor a la polémica suscitada entre opositores y equipo de gobierno. Un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) en el que se anula «la aprobación del Presupuesto General y Bases de Ejecución, así como la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo, en lo relativo a la amortización de las plazas de bombero-conductor de la plantilla de Personal incluidas en las ofertas de empleo público de 2008 y 2010 y de los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo a proveer con las mismas». Un dictamen judicial que invalida el acto por el que el consistorio decidió amortizar las plazas, antes incluso de que se resuelva el expediente de revisión de oficio abierto el 16 de abril de este año por el PP para cuestionar la convocatoria con el argumento de que las plazas no fueron dotadas presupuestariamente por el anterior equipo de gobierno de PSOE y UPL.
El auto estima en parte el recurso presentado por los opositores, en lo referente a la anulación de la amortización de plazas consagrada en el presupuesto del 2012, pero aclara que no puede entrar en la petición de que se obligue al Ayuntamiento a la reanudación del proceso, ya que «es una cuestión sujeta a la suerte del procedimiento de revisión de oficio iniciado por la administración». Criterio que vuelve a dejar en manos del equipo de gobierno, en función del expediente de revisión de oficio, el futuro de los 31 aspirantes, que empezaron hace más de dos años las pruebas junto a otras más de 200 personas. Un horizonte frente al que se encuentra la decisión del PP de no aumentar, a pesar de la escasez de la plantilla de bomberos, los gastos de personal, que se verían incrementados en cerca de 700.000 euros anuales para dotar las 12 nuevas plazas. Pese a esta intención, el dictamen del TSJ condena la actuación hecha por el Ayuntamiento con la amortización de las plazas. Una decisión que «incide directamente en un proceso selectivo ya iniciado, dejándolo sin contenido mediante la amortización de las plazas o puestos vinculados a él, y privándoles de ese modo (a los opositores) de un derecho adquirido, un verdadero derecho a que la convocatoria se desarrollase, hasta su finalización, en las condiciones previstas en la misma ya que, aunque no había nacido el definitivo derecho a la adjudicación de ninguna plaza.