«Las tasas acabarán con el atasco judicial, nadie va a poder recurrir»

Antes de que el letrado Jesús López-Arenas pronuncie esta tarde su discurso en el acto central de la fiesta, el decano del colegio analiza los principales aspectos de la actualidad del Colegio de Abogados de León.

—¿Cuál es la situación del colegio en un momento como este?

—Delicada, muy delicada. Tenemos un panorama muy preocupante y aunque estamos tranquilos, no escondemos nuestra preocupación. Es la primera vez que todos los miembros del colectivo estamos en pie de guerra, unidos y solidarios y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que si estamos todos en el mismo barco podemos conseguir muchas cosas juntos.

—Parece que la aplicación de la Ley de Tasas se demora aunque la intención sigue siendo ponerla en marcha...

—El PSOE quiere interponer un recurso de inconstitucionalidad y vamos a ver en qué queda el tema. Nosotros reclamamos que se pongan en marcha más medidas porque el justiciable es nuestro cliente y no se le está prestando el servicio adecuado. No dejamos de estar cumpliendo un servicio público y si no cumple los mínimos de calidad que se exigen habrá que tomar medidas como en cualquier otro campo.

—¿Por dónde pasan esas medidas, si es que están ya decididas?

—Todo puede variar, pero nunca antes se había celebrado una manifestación de abogados y estamos viendo que los compañeros están en la calle cada dos por tres. Los jueces también van a salir a la calle mañana (por hoy) y eso quiere decir que hay movimiento. Es lógico, porque cuando se tarda tanto en resolver un asunto y llegar a juicio. Para casos de excesiva tardanza nos planteamos la posibilidad de exigir que se devuelvan las tasas. No deja de ser una negligencia y como tal, se deben exigir respuestas.

—¿Qué ocurre con el turno de oficio?

—Pues que sigue siendo un servicio que se presta por vocación, porque no tiene rentabilidad, eso está claro.

—¿Y con la Oficina Judicial?

—Que hemos hechos todos un esfuerzo enorme para no llegar a ningún sitio. Magistrados, secretarios judiciales, funcionarios, procuradores y abogados hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para llegar a la conclusión de que estamos peor que antes de la entrada en funcionamiento en junio del 2011. León tenía un servicio modélico que era el ejemplo de España y ahora es un cúmulo de retrasos. El tiempo de respuesta se dilata de una manera tremenda y las disfunciones entre las UPAD y los SCOP son tremendas.

—¿Hay soluciones?

—Evidentemente. Hay que invertir en el expediente digital, que es la base del nuevo sistema, hay que crear nuevas plazas de Magistrados, que ahora son mucho más baratas porque antes era necesario dotar también a cada juzgado de secretario judicial, agentes y funcionarios, cosa que ahora no se exige y hay que avanzar en el modelo de los tribunales de instancia, que es el futuro.

—¿Es un problema político o es un problema económico?

—Lo que está claro es que es un problema y hay que solucionarlo. No sé si es político pero sí sé que este ministro nos ha engañado a todos. Nos sentimos absolutamente engañados por el Gobierno y creemos que una medida como las de las tasas nos aboca al abismo. ¿Cómo le vamos a decir a un señor que viene a presentar un recurso por una multa de 150 euros y que tiene que pagar una tasa de 200 euros?

—¿Cuáles serán las consecuencias de estas medidas?

—La primera va a ser muy positiva para el Ministerio de Justicia. Como los ciudadanos no van a poder plantearse la opción de recurrir cosas de este tipo, la litigiosidad va a descender vertiginosamente y entonces el Gobierno podrá ponerse la medalla de que ha acabado con los atascos en los juzgados... También sucederá que los ciudadanos perderán la tutela judicial efectiva y quedarán desamparados, pero eso parece que no importa. Entre la Nueva Oficina Judicial y la aplicación de las tasas, la verdad es que se avecina una situación que asusta, sinceramente. Esperemos que impere la cordura y que se adopten las medidas adecuadas de una vez por todas.

—Mal panorama el que se avecina ¿no?

—El Consejo General de la Abogacía lo ha dejado bien claro. «La Justicia necesita un exhaustivo estudio y serio análisis efectuado por quienes la conocen en profundidad, en el día a día de los tribunales, desde el Tribunal Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz de España, dejando ya de lado, de una vez por todas, experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdad o problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia».