Tres meses y medio para poder cobrar
La puesta en marcha del Plan de Pago a Proveedores por parte de la Administración el pasado mes de febrero permitió abonar muchas de las facturas, en no pocos casos antiguas, que ayuntamientos y autonomías tenían pendientes con los empresarios. Sin embargo, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (que reúne a alrededor de un millón de empresas) denuncia que las administraciones públicas han comenzado a acumular de nuevo facturas impagadas, y los plazos están en cualquier caso por encima de lo que exige la ley.
La norma aprobada por el Gobierno establece que en el 2012 las facturas de las administraciones se paguen a 40 días, y para el 2013 no sobrepasen los 30 días de demora. En el caso de las empresas privadas, los plazos de pago son de 75 días en este año y 60 a partir del que viene.
Sin embargo, el último estudio territorializado de esta agrupación evidencia que Castilla y León es una de las autonomías del país done más tarde se paga, sólo por detrás de Madrid, Andalucía, Baleares y Extremadura.
Las empresas debían esperar (los datos son anteriores a la nueva ley) una media de 108 días para hacer efectivos sus cogros. Y son las empresas de la construcción las que más tardan en pagar, seguidas de las del sector industrial. Las empresas de servicios son mejores pagadoras.
La plataforma recuerda que en los últimos meses también las empresas privadas están alargando de nuevo sus plazos de pago, y que la situación «redunda en el deterioro de la ya muy delicada situación de liquidez de las empresas, con cierres y la consiguiente pérdida de empleo».
De hecho, según este estudio, una de cada tres empresas que ha cerrado durante la crisis lo ha hecho debido al retraso en los pagos de sus clientes.