La Junta destinará a León 5,4 millones de los 13,6 que irán a todas las diputaciones
El Ejecutivo se compromete a consultar el mapa de unidades básicas de ordenación con las instituciones provinciales que participarán en el reglamento sobre competencias de las mancomunidades
La Junta de Castilla y León destinará el próximo año 13,6 millones a las diputaciones y se ha comprometido a incrementar esta cuantía al menos un diez por ciento en 2014 y otro tanto en 2015. Además, financiará la gestión de centros sociales (discapacidad y salud mental), que dependen de las instituciones provinciales con otros 4,1 millones. También, el Ejecutivo les consultará el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.
Así lo recoge el protocolo sobre ordenación, servicios y gobierno del territorio, rubricado hoy por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez; el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel García Nieto, y los nueve presidentes de las diputaciones provinciales. Este convenio, que regula la cooperación económica e institucional, se enmarca en el acuerdo suscrito entre la Junta, el Partido Popular y el PSOE en materia de ordenación, servicios y gobierno del territorio.
Asimismo, la partida de 13,6 millones incluye un fondo especial para sufragar el gasto corriente de estas instituciones, que se distribuirá con arreglo a los criterios de la línea territorializada del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local. También, recoge un fondo para el sostenimiento de las oficinas de asistencia a municipios y otro para la actualización de las encuestas de infraestructura y equipamiento local.
García Nieto explicó que el convenio firmado concreta los compromisos de la Junta con las diputaciones, después de que se pactara en la Comunidad otras medidas referidas a los municipios. Además, precisó que el protocolo no fija las posiciones de las diputaciones sobre el proyecto de ley de ordenación del territorio, que se presentará antes de que acabe el año, sino que en su momento habrá contactos para tener “la mejor ley”. “No incluye ningún otro compromiso más”, apostilló.
No obstante, no ocultó que con este acuerdo las instituciones provinciales están “más a gusto”, como los municipios, y aseguró que “siempre ha estado cerca” de los motivos de la ordenación del territorio. También, señaló que en los próximos meses se conocerán más detalles de la ley, que será negociada en su opinión por todos los agentes. “Estamos para darle voz a municipios y diputaciones”, dijo en relación a la postura de la FRMP sobre el nuevo modelo que promueve la Junta de Castilla y León.
Colaboración institucional
La ordenación se asentará en las 'unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio', mapa en el que deben converger los servicios públicos que presta la Junta como la sanidad o educación. El Gobierno autonómico, según el acuerdo, consultará a las diputaciones este mapa antes de efectuar su propuesta inicial, con carácter previo a su sometimiento a audiencia pública.
De igual forma, la Junta también ha pactado someter a informe previo de las diputaciones la constitución de las áreas funcionales estratégicas, que se puedan crear para el impulso de acciones de desarrollo local en espacios con riesgos de declive económico y social.
Por su parte, las diputaciones se han comprometido a participar en el proyecto de reglamento de la ley de ordenación del territorio que regulará la asunción de la cartera común de competencias de las mancomunidades de interés general, que se presenta como asociación voluntaria de municipios y que coincida con las unidades básicas de ordenación. Este reglamento definirá las competencias mínimas que asumirán al constituirse y los plazos de asunción del resto.
También las diputaciones han aceptado participar en la concreción de aquellos servicios locales que se prestan de forma mancomunada, y que puedan determinar que una mancomunidad actual sea singular, como por ejemplo las de aguas. El nuevo modelo de ordenación de la Junta prevé la posibilidad de hacer coexistir las nuevas mancomunidades de interés general con aquellas que tengan carácter singular.
A su vez, las diputaciones estudiarán la asociación con las mancomunidades de interés general, y excepcionalmente con determinados municipios, para conseguir una mayor eficacia en la prestación de determinadas competencias. Para ello, la opción que se plantea es la constitución de consorcios provinciales de servicios generales, presididos por estas administraciones.
Distribución de fondos
El reparto de los fondos para las diputaciones se ha establecido en función de la población que tiene cada provincia en municipios de menos de 20.000 habitantes. De esta forma, la Diputación de Ávila recibirá un total de 1,3 millones de euros; la de Burgos, 1,8 millones de euros; la de León, 2,1 millones de euros; la de Palencia, 1,2 millones de euros; la de Salamanca, 1,8 millones de euros; la de Segovia, 1,1 millón de euros; la de Soria, 1,1 millones de euros; la de Valladolid, 1,5 millones de euros; y la de Zamora, 1,4 millones de euros.
Respecto a los fondos para las instituciones con competencias en la gestión de los centros sociales, recibirán en el 2013 más de 4,1 millones las diputaciones de Ávila (254.542 euros), León (1,2 millones), Palencia (802.736 euros), Salamanca (52.623 euros), Segovia (359.211 euros), Soria (710.854 euros) y Zamora (755.116 euros).
Ayudas incondicionadas
Por otra parte, las diputaciones colaborarán en la gestión de las ayudas del fondo incondicionado para los municipios menores o iguales de 20.000 habitantes, que recogía el acuerdo básico entre la Junta, el PP y el PSOE. Sin embargo, la Junta se reserva la definición de los criterios de distribución y las cuantías correspondientes a cada municipio.
Estas partidas, que se transferirán antes del 31 de mayo de 2013, los municipios de Ávila recibirán 2,4 millones de euros; los de Burgos, 3,2 millones; los de León, 5,4 millones; los de Palencia, 2,1 millones; los de Salamanca, cuatro millones; los de Segovia, 2,2 millones; los de Soria, 1,4 millones; los de Valladolid, 3,4 millones, y los de Zamora, 2,5 millones. Al respecto, el presidente de la FRMP explicó que estos fondos “se les arregla mucho” la situación financiera a los pequeños municipios, ya que algunos verán hasta duplicada la ayuda que recibían de la Junta.
Finalmente, Miguel Ángel García Nieto recordó que de estas partidas depende que los municipios avancen y progresen. La financiación a las entidades locales se completará con el Pacto Territorial, que sustituirá al actual Pacto Local, cuya vigencia concluyó en 2011, y que se negociará en el seno de la Federación Regional de Municipios y Provincias.