La Junta llevará a un local suyo las obras del Museo para no pagar más a Llamas
La consejera Alicia García reconoce en las Cortes que se busca otra ubicación.
Alicía García y José María González, en un momento del debate ayer en las Cortes.
Fumata blanca. Dos meses depués de la denuncia de DIARIO DE LEÓN, finalmente la Junta de Castilla y León dejará de pagar 900 euros al mes al ex presidente de Caja España—Duero, Santos Llamas, por el alquiler de un local en la avenida de la Libertad de Navatejera, número 89, en el que se albergan las piezas del Museo de León, recogidas en diferentes excavaciones.
La delegación territorial de la Junta tiene ya el visto bueno del servicio de Cultura, para que estas piezas sean trasladadas a las naves que la Consejería de Fomento tiene en el polígono de Onzonilla. Eso sí, será necesaria una pequeña obra de acondicionamiento que, en todo caso, costará mucho menos de los casi 11.000 euros anuales o los 87.000 en los últimos siete años, que se ha llevado Santos Llamas en concepto de alquiler.
Debate en las Cortes
La propia consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, reconoció ayer en las Cortes, donde fue interpelada por el procurador de Izquierda Unida, José María González, este extremo, al asegurar que ya se están buscando otros lugares propiedad de la Junta.
En su respuesta al portavoz de IU, la consejera cargó toda la responsabilidad sobre la decisión de alquilar el local al director del Museo de León, Luis Grau, cuando aseguró: «El director del Museo explica en un informe que el local de Navatejera es el que más se ajusta a las necesidades demandadas. Cuenta con ventajas difíciles de superar en materia de accesibilidad y cercanía al anexo arqueólogico del museo».
En esta afirmación de Luis Grau en su informe es en la que Alicia García sustenta su defensa del contrato, que «cumple con todas las condiciones» y que, en su día, se escogió este almacén por «la dificultad» de encontrar otro que pudiese albergar siete palés de 800 kilos con ladrillos romanos de la Legio VII, que «no caben en cualquier sitio».
Una contestación que no logró satisfacer a José María González que acusó a la consejera de «intentar explicar lo inexplicable», ya que el delegado Territorial de la Junta, Guillermo García, reconoció que «no sabía nada de la existencia de este alquiler» que ha costado a la Junta 87.000 euros a lo largo de los últimos siete años.
Es más, la Consejería de Cultura ha abierto una investigación para conocer todos los detalles del polémico arrendamiento.
El procurador de IU, además, no perdió la oportunidad de recordar a García que el Laboratorio Pecuario está en desuso desde hace años y que «tiene metros cuadrados más que suficientes». «Lo que, en realidad, está detrás de este arrendamiento es el buen hacer de un personaje con aquellos que administran los recursos públicos», denunció González ante la Cámara, tras insistir en «la necesidad de racionalizar el uso de los edificios públicos y alquileres». «En algo estamos de acuerdo con la consejera de Hacienda, hay que ahorrar para dar servicio en políticas sociales y no para seguir engordando los bolsillos de algunos personajes venidos a menos», aseveró González.