«La educación regresa al postfranquismo»
. La Plataforma por la Educación Pública de León denuncia «un retroceso histórico debido al brutal recorte» y una ley Lomce que «gira hacia la ideología más derechista» .
«No vamos a parar». Esa es la conclusión, directa y contundente, de la Plataforma por la Educación Pública de León ante la actual situación del sector. «Cuanto más nos presione el Gobierno y más ataques reciba la enseñanza pública responderemos con más fuerza», reivindicó su portavoz, Javier Fernández.
Desde la plataforma reivindican la educación pública como herramienta para salir de la crisis y «no como la causa de la misma, como quieren hacernos creer desde el Gobierno». Denuncian asimismo que el Anteproyecto de la ley Lomce es «una reforma retrógrada que utiliza la crisis como coartada y que, alejada de los sistemas europeos, gira hacia postulados ideológicos escorados muy a la derecha». Aseguran que el «brutal recorte» en los presupuestos educativos en Castilla y León para el 2013 supone un retroceso histórico «de 30 o 40 años y convierte a la enseñanza en clasista, a la que solo podrán acceder los que tengan cierto poder adquisitivo».
Los representantes de la plataforma comunicaron además que una ley educativa ha de ser fruto del consenso, el cual, aseguran, no ha existido, y «no es algo que se pueda cambiar cada dos por tres». «Pedimos —concretaron— la creación de una Mesa de Negociación donde se tenga en cuenta la opinión de toda la comunidad educativa».
De esta forman, docentes, padres y alumnos saldrán hoy a la calle una vez más —bajo el título del VI Jueves Verde— para continuar reivindicando una educación como derecho e inversión para mejorar la sociedad y no «como un servicio, que es en lo que se ha convertido», denunciaron. «Los recortes consienten y fomentan el lucrativo negocio de la enseñanza concertada, que se paga con dinero público a través de profesores contratados a dedo y del pago a las patronales, lo que representa en la provincia 115 millones de euros al año».
La comunidad universitaria sufre también de primera mano las decisiones del Gobierno y la plataforma denunció ayer la pérdida del 35% de los ingresos en las financiaciones de las becas. «El retraso en las concesiones está provocando a mayores el endeudamiento de las familias y que muchos jóvenes abandonen sus doctorados o investigaciones por falta de recursos», señaló uno de los portavoces. «Sufrimos una auténtica fuga de cerebros».
Por eso hoy piden la movilización de todos los ciudadanos en una protesta a las 18.30 horas. De momento, hacen una valoración positiva del funcionamiento de la plataforma y aseguran que ya «por dignidad» no consentirán que acaben con el futuro de la educación.