El PP anulará la oposición de bombero dos años después del primer examen
La decisión acaba con el proceso en el que quedan 31 de los más de 500 aspirantes.
Cuando se van a cumplir dos años del inicio del proceso, después de haber pasado ya tres exámenes en los que comenzaron 500 aspirantes y sobreviven 31 personas para 12 plazas, el Ayuntamiento de León aprobará mañana la anulación de las oposiciones. Una decisión con la que el actual equipo de gobierno, que entretiene la decisión desde abril del pasado año, justifica en un informe de la Secretaría General la «anulabilidad» por no contar con «asignación presupuestaria», en las ofertas de empleo público de los años 2008 y 2010, y en la «innecesariedad de los recursos humanos citados». La sentencia definitiva, que se ratificará en la Comisión informativa de Hacienda y Régimen Interior de mañana, que condena a los opositores a continuar con la vía legal emprendida para defender sus derechos; el cauce por el que ya consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia anulara la amortización de las plazas que hizo el PP en el presupuesto del 2012, y que han utilizado para querellarse contra el alcalde por presunta prevaricación administrativa».
El informe sigue la senda de las pegas que el PP ha repetido durante todos estos meses. Unas trabas que se deben sobre todo al coste que supondría la incorporación de estos 12 contratados, estimados en cerca de 600.000 euros anuales, y que surgieron después de que el equipo de gobierno incluso decidiera enmendar el tribunal calificador, después de que el juzgado dictara que uno de los miembros tenía rango de laboral y no podía examinar a funcionarios.
Pese a esta medida, que auguraba la reanudación de un proceso que se paró el 6 de junio del 2011, con el último examen, los populares emitieron en abril del 2012 un expediente de revisión de oficio que caducó a los 3 meses sin resolución alguna. El obstáculo que fue repuesto por un nuevo expediente de declaración de lesividad, abierto el 10 de diciembre pasado, que se resuelve ahora con premura.
Posible convalidación
El documento establece que «la aprobación de la oferta de empleo público del 2008 y 2010 no se ha ajustado a las exigencias legales, no estando ante meros defectos de forma sino de fondo y sustantivos, que afectan al procedimiento». «La inobservancia del presupuesto legal que exige la asignación presupuestaria de las 12 plazas lleva aparejada no sólo la anulabilidad de la oferta pública de empleo, sino también de las bases de la convocatoria», recoge el escrito. Aspecto que podría solucionarse mediante «la posible convalidación de los actos administrativos cuestionados mediante el oportuno mecanismo de reconocimiento de crédito», como admite el informe, en el que se apresta a reseñar que «no sería posible por cuanto en el ejercicioo 2011 no se aprobó presupuesto y al prorrogarse los créditos del presupuesto 2010 las plazas siguen sin consignación presupuestaria en el 2011, cuando tampoco se convalidaron los actos mediante la correspondiente modificación presupuestaria»; año en el que se sucedieron en el gobierno PSOE-UPL y después el PP.
Como segundo argumento, el informe apunta que los recursos humanos no son necesarios, para lo que se acoge al plan financiero aprobado en el 2007 por el anterior equipo de gobierno de PSOE y UPL, además de en la auditoría que entonces fijaba que había 85 efectivos; un número que en la actualidad queda en 71 personas.
Dos bases con las que el PP resuelve que «las ofertas aprobadas infringen el ordenamiento jurídico y van en contra de los intereses económicos de la corporación».