Los aspirantes a bombero avisan que la oposición no está anulada
Los 31 afectados afirman que «será el juzgado quien decida».
Después de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León aprobara el expediente de lesividad para invalidar la oposición de 12 plazas de bombero, iniciada hace más de dos años y a falta sólo de la nota del último examen, los 31 opositores que sobreviven de los más de 500 que iniciaron el proceso advierten de que «la oposición todavía no está anulada». «Sólo es un trámite procesal para que puedan ejercer actuaciones judiciales contra sus propios actos, nunca anularlos, ya que eso sólo se hará en sede judicial», señalaron los afectados, quienes abundaron en que «ante los motivos que esgrimen» los dirigentes del PP se han dado cuenta de que «han convertido este largo proceso en algo personal».
Ante el argumento de que se anula por «falta de consignación presupuestaria de las plazas en las ofertas públicas de empleo en 2008 y 2010», los opositores remarcan que «si esto es así todas las plazas de ofertas de estos años estarían en igual situación». «Al menos durante los primeros meses del 2011 se celebraron dos y, que se sepa, tomaron posesión sin ningún problema», reseñan los afectados.
Menos aún coinciden los opositores con el segundo de los argumentos del expediente, redactado por la Secretaría General, en el que se habla de «innecesariedad» de las plazas, de acuerdo a un documento del 2007 en el que se dice que hay 84 bomberos en el parque, cuando en la actualidad son 71. «Es un argumento político», apostillan los afectados, quienes cuestionan que «esa misma funcionaria, cuando por el Pleno se crearon dichas plazas, no emitió un informe diciendo que no se podía hacer». «Son ellos quienes crearon las plazas se supone que por necesidad», insisten, sin perder la ocasión para preguntar «en cuántos expedientes, una vez creadas las plazas, se ha informado por parte de funcionarios de la innecesariedad de los recursos humanos».
Un nuevo frente judicial para los opositores, que denunciaron al alcalde por «prevaricación administrativa», y ganaron ante el TSJ el recurso contra la decisión del Ayuntamiento de amortizar las plazas dentro de los presupuestos del 2012.