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El juez pide a la Caja las operaciones en cuentas de los imputados por estafa

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El Juez de Instrucción 1 de León ha pedido al Banco Ceiss una relación de las operaciones sobre cuentas de valores efectuadas desde 2006 a 2012 por los cuatro imputados en una estafa piramidal que se investiga en Caja España, así como de las visitas recibidas por estos en los servicios centrales de la entidad.

El juez ha dictado una providencia para solicitar más datos a la entidad bancaria dentro de las diligencias abiertas a raíz de que 98 personas hayan denunciado una supuesta estafa, en la que están imputadas cuatro personas, tres de ellas cargos de Caja España-Duero y una cuarta, una empleada de una sucursal.

Según esta providencia, con fecha de 18 de marzo, el juez pide las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2012, primero por Caja España, luego por Caja España-Duero, ejecutadas «directamente desde la Mesa de Intermediación o de Tesorería» sobre títulos de renta fija cotizados en Mercados Secundarios no oficiales, en cualquier divisa, radicados en países emergentes. De acuerdo con esto, se ha interesado por los bonos, pagarés, letras, obligaciones, deuda subordinada, deuda convertible, entre otras. Además, solicita los titulares de tales operaciones, con el fin de determinar si alguna de ellas tiene o ha tenido relación con los imputados.

Por otro lado, reclama todas las operaciones realizadas por los cuatro imputados sobre cuentas de valores, desde 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2012. Unos datos junto a los cuales requiere un informe detallado sobre la forma de concesión de autorizaciones a los trabajadores de los servicios centrales de Caja España para que reciban visitas en dichas dependencias; y que se aporten al procedimiento las autorizaciones concedidas por y para los cuatro imputados desde el año 2006 al 2012.

El juez también citará a declarar de nuevo a la principal imputada M.C.S.V., una empleada de una sucursal de la pedanía leonesa de Armunia, para la que el juez ya impuso una fianza de 1,5 millones de euros.

Además, ha ampliado la citación de testigos a declarar a un chófer de la entidad, y dos directores de sucursales.

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