«Nos quieren echar porque les da la gana, ya no tenemos ninguna deuda»

A pocos metros de la entrada a Puente Castro, una enorme valla publicitaria reza: «Un lugar ideal para vivir». Marcolina y Jesús ya lo tenían, o por lo menos se conformaban con lo que había, pero quieren quitárselo. El lunes a las 11.30. La constructora de las viviendas sociales de protección oficial en la que residen desde hace un año les ha declarado «inquilinos non gratos». Según ellos, porque se retrasaron dos meses en pagar el alquiler por un problema bancario, pese a que tal y como pudo comprobar ayer este periódico, ya están al día de todas sus deudas pendientes. Habían tenido un problema similar anteriormente y según la legislación, la segunda demanda de desahucio se ejecuta aunque el moroso se ponga al corriente de pago. Pese a los intentos por recabar la versión de la inmobiliaria, ayer fue imposible.

La vida no es que sea de colores para esta pareja, pero por lo menos el amarillo, blanco y gris que aderezan la fachada del grupo de viviendas en el que residen, les da cobijo. «Firmamos un contrato en febrero del año pasado. Diez años de alquiler con derecho a compra. Aportamos una fianza de 1.500 euros y ahora mismo estamos al corriente de pago. Hubo un problema el 28 de noviembre que se solucionó al día siguiente» explican mientras muestran los documentos que así lo corroboran «y en realidad son ellos los que nos deben dinero ahora, porque firmamos el Plan Amigo (un mes de alquiler gratis por traer a otra persona a vivir en los bloques y dos meses sin pagar para el nuevo inquilino) y a la familia a la que les trajimos sí se lo han dado, pero a nosotros no».

Viviendas sociales

Lazora es la constructora que se hace cargo de un bloque de viviendas sociales para personas en condiciones especiales. Desarrolla vivienda protegida en alquiler en varias ciudades españolas. Dispone de 52 edificios en Madrid, Castellón, Alicante, Valencia, Almería, Huelva, Oviedo, Cádiz, León, Valladolid, Tenerife y Las Palmas. «En nuestro caso», explica la joven «yo tengo una minusvalía del 38% por problemas psíquicos y cumplo los requisitos». 330 euros de alquiler por un piso sin muebles, desde cuyas ventanas se divisa al otro lado de la valla el edificio de los servicios centrales de Caja España-Duero en el Alto del Portillo. La sospecha de la pareja toca varios frentes. «Una parte de alquileres de este tipo los paga la Junta con cargo a los fondos sociales. Como han recortado los presupuestos, al parecer han eliminado la partida que destinaban a estas cosas y la constructora pierde dinero. Lo que quieren hacer es desprenderse de la gente como nosotros, para meter inquilinos que les permitan cobrar directamente el dinero sin esperar a las subvenciones. Molestamos», sentencian. Hay decenas de viviendas vacías en el bloque, 90 pisos, pero no parece que importe demasiado.

La primera medida que han adoptado es ponerse en contacto con Stop Desahucios. Ayer por la mañana se presentaron en el juzgado de guardia, donde denunciaron a Lazora por la decisión que ha adoptado la propietaria de los inmuebles. «Si el problema fuera que no hemos pagado, lo entenderíamos. No puedes pagar, te vas a la calle y punto. La cosa está mal, pero es para todo el mundo. Nos iríamos y se acabó. Pero nos quieren echar porque les da la gana».

No era un error

El 22 de enero del 2013 les llegó una orden de desahucio remitida desde el juzgado. Entendieron que se trataba de un error burocrático y no le dieron más importancia «porque como ya habíamos pagado todo...». El juzgado de Primera Instancia número 3 de los de León les comunicó finalmente que el lunes próximo, a las 11.30 de la mañana, una comisión judicial procederá al lanzamiento: expulsarles de la casa en la que residen. «No tenemos a dónde ir ni dónde dejar nuestros muebles. Sólo pedimos un aplazamiento de quince días o un mes para que se den cuenta de que es un error, pero no hay manera. Vamos a esperar a este sábado para ver si los chicos de Stop Desahucios nos pueden ayudar porque estoy harta de que se rían de mí. Quiero luchar por mis derechos. No sé dónde voy a dormir el lunes, esa es la realidad», explica Marcolina. Jesús seguramente ha pasado la noche previa en vela. Lo delatan unas ojeras pronunciadas.

A plazos

«Acabo de arreglarme la boca y debo 10.000 euros a mi dentista, que aceptó cobrar a plazos. Me ha dolido en el alma no poder darle los 700 euros que tenía guardados para él este mes por culpa de esta historia, y encima no sé a dónde voy a ir la semana que viene». La ventana del salón tiene un cristal roto y el radiador amenaza con desprenderse en cualquier momento. No es lo que más les preocupa. Tampoco parece demasiado azorado el gato, que observa la escena subido al sofá. Ni los muebles ni el inmueble tienen el futuro decidido a partir del próximo lunes. «No quieren arreglarlo, es el problema».