Quedan pendientes más de otros dos millones de euros de sanciones
La labor de inspección de la recaudación municipal tiene todavía por delante un listado de deudores por multas que suman casi 2 millones de euros, según los datos de cargos aportados por los servicios económicos. Cantidades que provienen en su mayoría del ejercicio 2011 y que están dentro de la cadena de seguimiento y notificaciones para poder ejecutar el débito.
La persecución encuentra como apoyo la ampliación del plazo de prescripción de uno a cuatro años, que se aplica por la reforma estatal desde junio del 2010. Una ampliación que hace que con cada actuación iniciada, bien sea la notificación por parte del consistorio como cualquier recurso que interpone el afectado, se vuelva a abrir un nuevo plazo, lo que invalida la posibilidad de que multas que provienen, por ejemplo del 2003, como ha sucedido este pasado año, se den por perdidas.
La vía ejecutiva de cobro se abre cuando vence el plazo ordinario para pagar la multa, así como cualquier impuesto. Si se ha rebasado este tiempo se grava el débito con un 5%, que pasa a ser del 10% una vez que hay notificación oficial del departamento de recaudación.
La entrada en ejecutiva activa el procedimiento de embargo escalonado, sin que se intente cobrar de dos formas a la vez. Si no hay respuesta a la notificación, primero se intenta cobrar la deuda con la intervención en cuentas abiertas en entidades de depósito. El paso inicial después del cual se sigue, hasta lograr el cobro, con la búsqueda en créditos, efectos y valores y derechos realizables a corto plazo, como las devoluciones de Hacienda; en sueldos, salarios y pensiones; en bienes inmuebles; en establecimientos mercantiles e industriales; y, en último caso, en vehículos. Propiedades embargadas que, si no se hace efectiva la deuda, terminan con la valoración de lo enajenado y la salida a subasta pública para tratar de conseguir los fondos que se adeudan.