La Fiscalía de Valladolid investiga si hay delito en las preferentes de la Caja
Asegura que los compradores no tuvieron información adecuada de los riesgos.
Trabajadores de la oficina de Ordoño II en un momento del paro de quince minutos realizado ayer en toda la red.
La Fiscalía Provincial de Valladolid ha abierto una investigación sobre la acciones preferentes emitidas por Caja España y Caja Duero entre 2003 y 2009 al considerar que existen indicios de un delito de estafa.
Esta medida de la Fiscalía se toma tras el escrito de denuncia que presentó la Unión de Consumidores (UCE) el pasado 16 de abril ante la multitud de quejas que la organización estaba recibiendo en sus oficinas, escrito que estaba acompañado por 25 contratos de adquisición de preferentes, según explicó ayer el presidente de UCE-Castilla y León, Prudencio Prieto, que anunció que en el resto de las provincias se van a dar los mismo pasos.
En el decreto del Ministerio Fiscal, se destaca que todos los ahorradores, que se movieron por la confianza depositada en las entidades en las que durante años depositaron su dinero, tienen un «perfil de riesgo conservador en tanto que, en algunos casos, han adquirido preferentes como sustitutivos de plazos fijos».
Además, la Fiscalía asegura que los compradores no tuvieron una información adecuada de los riegos del producto que contrataron, ya que «en algunos casos el contrato no estaba firmado, en otros se ha hecho constar que puede disponer del dinero cuando quiera o en el plazo de cinco días o que funcionaban como bonos del Estado».
También denuncia que en ninguno de los contratos se realizó un test de idoneidad para que la entidad bancaria contara con información suficiente sobre cliente «para delimitar el riesgo que es capaz de asumir», ni test de conveniencia, «cuya finalidad es que la entidad se cerciore de que el cliente cuenta con experiencia y conocimientos suficientes, con relación a un tipo de producto o servicio, de tal manera que comprenda los riesgos de la operación que va a realizar».
Al mismo tiempo, se critica por parte de la Fiscalía que las entidades bancarias comercializaran durante 2010 y 2011 estos productos cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido que la emisión de preferentes era una mala práctica entre los inversores minoristas de los bancos.
A su vez, en el decreto se indica que la falta de información generó un «error en el consentimiento de los adquirientes de participaciones preferentes», ya que entendieron que se trataba de un producto similar al plazo fijo con mayor retribución, y se matiza que están sufriendo un innegable perjuicio «en tanto que no pueden disponer del dinero y tienen suspendido el pago de intereses por la situación económica del Banco Ceiss».
Tanto Prudencio Prieto como Santiago Diez, asesor jurídico de UCE, alabaron la valentía de la fiscal jefe de Valladolid, ya que es la primera que acuerda iniciar una investigación en toda España.