UGT calcula que la reestructuración de Ceiss podría afectar a unos 800 empleados en Castilla y León

La Unión General de Trabajadores (UGT) calcula que la reestructuración de Banco Ceiss, surgido a raíz de la fusión de Caja España y Caja Duero, podría afectar a unos 800 empleados de la entidad en Castilla y León, una cifra que supondría, a la espera de que la entidad financiera concrete los detalles del expediente de regulación de empleo, entre el 50 y el 65 por ciento de los 1.230 afectados por esta medida, necesaria para poder afrontar la unión con Unicaja.

La mitad del total de trabajadores que se incluyan en el ERE solicitarán, a juicio del secretario regional de la Federación de Servicios de UGT, Juan Antonio Bilbao, la baja voluntaria indemnizada, dirigida a empleados de entre 56 y 63 años, mientras que los más de 3.500 que se mantengan soportarán una reducción de salario fijo anual del nueve por ciento, además de la suspensión de beneficios en planes de pensiones y otros pluses denominados extraconvenios, como los pagos por natalidad o nupcialidad, entre otros. La empresa también repercutirá en ellos una rebaja del 25 por ciento en la aportación a planes de pensiones para contingencias de jubilación.

Bilbao recalcó que en la Comunidad actualmente hay 490 sucursales de Ceiss, dado que es su zona de expansión, con 3.100 empleados, datos que se elevan hasta las 600 oficinas en el ámbito nacional, con 4.800 trabajadores.

En este sentido, destacó que la reestructuración tendrá especial incidencia en los servicios centrales de la entidad, ubicados en León, Salamanca y Valladolid, además de en las sucursales ubicadas en la zona de expansión histórica de la entidad, es decir, fuera de estas tres provincias. De hecho, en algunas oficinas ubicadas en otras comunidades autónomas, sólo se mantendrá una sucursal. Ello supondrá, por ejemplo, el cierre de una veintena de ellas en Madrid.

Aunque desde UGT no han cifrado el coste de este expediente para la entidad, fuentes sindicales explicaron a Diario de León que este ajuste de plantilla podría ascender a 180 millones de euros. Bilbao comentó que este acuerdo tiene plena legalidad, pues UGT y Csica, firmantes del mismo y ratificado por sus cúpulas directivas, cuentan con un 71 por ciento de representatividad, cuando es necesario al menos la mitad. CCOO y la Unión de Empleados de Ahorro (UEA) tienen de plazo hasta el lunes para sopesar su adhesión.

Con estos datos, el representante de UGT consideró que la negociación ha sido »dura y complicada, en la que como siempre han cedido los trabajadores», si bien recordó que se ha conseguido reducir la primera propuesta de ajuste que se situaba en la supresión de 1.502 empleos.

Ceden los trabajadores

Bilbao señaló, igualmente, que este ajuste se corresponde con un «esfuerzo» de los trabajadores, obligado por el Banco de España y el Banco Central Europeo, y ahora confió en que llegue pronto el acuerdo «definitivo» para la fusión con Unicaja. «Ya hemos dado el primer paso. La sangre está hecha», espetó, para añadir que »sería bueno para los clientes, impositores y trabajadores que se cierre cuanto antes».

Sin embargo, estimó que aunque los protocolos de plazos están cerrados, la fusión «real» podría alargarse aún un año más, al menos hasta que sea plena la operatividad de la fusión. «Ojalá no sea tanto para que esta pesadilla acabe cuanto antes», sostuvo.

Por ello, instó a los presidentes de Ceiss, Evaristo del Canto, y de Unicaja, Braulio Medel, a que «sigan el camino suficiente y necesario» de los trabajadores y «muevan ficha» para suscribir la fusión y «garantizar la viabilidad de la entidad».

En este sentido, realizó un inciso para calificar de «vergonzoso» que una decena de directivos de la Caja España-Duero decidieran aumentar su sueldo un 1,67 por ciento en 2012 mientras sus empleados se tienen que someter a un ajuste salarial y de plantilla, motivo por el que «mañana mismo», pidió Bilbao, «presenten su dimisión».

UGT consideró que tras la fusión «no parece probable a corto plazo» que se lleve a cabo otro proceso de reestructuración de plantilla. Tanto Ceiss como Unicaja ya han aplicado ajustes que «han debilitado» su estructura, principalmente es el caso de la entidad castellana y leonesa, que por mandato de Bruselas ya prescindió de 846 empleados con un coste de 285 millones de euros, a lo que se suma otra reducción salarial hace un año y medio, mientras que la andaluza también tuvo su ajuste.

Medidas concretas

Juan Antonio Bilbao concretó que las medidas aprobadas en el acuerdo suscrito por UGT y Csica prevé que las indemnizaciones serán más favorables para aquellos que cuentan con más edad, en función de los tramos y «bendecidos» por otros procesos ya desarrollados en España. Así, se llevará a cabo una primera parte para detectar bajas voluntarias, que se calcula que podría ser la mitad de los 1.230 afectados. De este modo, y en todos los casos respetando 10 años de antigüedad, los que cuentan con entre 60 y 63 años percibirán una indemnización de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades; entre los 57 y 59 años, cobrarán un 60 por ciento de su retribución fija bruta, multiplicada por los años trabajados, más dos años, hasta un máximo de 40.000 euros; por su parte, los que tienen 56 años serán retribuidos con el 60 por ciento, también multiplicado por el número de años, más otros dos años, y con un techo de hasta que hubieran cumplido los 60 años de edad, con una percepción mínima de 25.000 euros y máxima de 40.000.

Por último, para el resto de empleados, los menores de 56 años, la indemnización será de 30 días por año trabajado, con un máximo de 22 mensualidades, más 700 euros por cada año trabajado en la empresa y una prima de adhesión a la medida de baja por un importe global de 20.000 euros.

En cuanto a las bajas forzadas, UGT explicó que el acuerdo garantiza, con rango general, 25 días por año trabajado, con un topo de 16 mensualidades, más una prima de 30 días (con 20 mensualidades de máximo) y 700 euros. En cualquier caso, la indemnización no superará los 200.000 euros.

Otra medida destacada por Bilbao es que se ha suscrito una medida de «protección» para los afectados, «sobre todo cuando la reducción salarial repercuta en la situación financiera personal y familiar del trabajador». UGT sostuvo que, además, se implementa la posibilidad de suspender el empleo de trabajadores durante medio año, con la posibilidad de incorporarse de nuevo a su puesto laboral al término de los seis meses o a la oficina más próxima en distancia kilométrica.

Por último, se facilitarán medidas cuando la movilidad geográfica solicitada por la empresa a un trabajador supere los 50 kilómetros a su ubicación actual. Si el planteamiento de la entidad no satisface al empleado, se procederá a la extinción del contrato en los mismos términos que la baja voluntaria.