«Rubén es víctima de una condena a muerte social»

Alejandro Calleja, padre del niño con síndrome de Down al que se le niega la escolarización en un centro ordinario y le imponen la matrícula en un centro de educación especial, acudió ayer al Palacio de la Audiencia Provincial de León con «poderosas razones»: «Rubén es víctima de una condena a muerte social y nada me va a parar para evitarlo con la ayuda de Solcom», aseguró.

Un escrito de cuatro folios exige a la Fiscalía que defienda a su hijo del «rechazo, vejaciones, discriminaciones y malos tratos» que asegura le fueron infringidas por profesorado del colegio público al que asistía en la capital durante los cursos 2009-10 y 2010-11.

De esta forma, solicita la reapertura de las diligencias penales a raíz de la denuncia que presentó en 2011 y archivadas en el mismo año. El escrito se basa en las dos sentencias que deniegan el derecho de su hijo a estar en un colegio ordinario pero admiten «graves actuaciones y conductas discriminatorias» hacia Rubén por parte de funcionarios públicos, que han «desembocado en conductas atentatorias contra el derecho a la educación motivadas por su discapacidad».

Las diligencias fueron archivadas en octubre de 2011 al interporner la familia de R$ubén una demanda de Derechos Fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de León. Agotada la vía contenciosa, la familia de Rubén, con el apoyo de Solcom, llama a las puertas del Tribunal Constitucional para exigir amparo por malos tratos y segregación escolar y exige a la Fiscalía que ejerza su función y no haga como la Dirección Provincial de Educación que «en lugar de investigar y actuar contra los profesionales que maltrataron a Rubén, cortando de raíz el problema, lo han culpabilizado a él y vulneran sus derechos».