El proceso se suma a la anulación del presupuesto del 2008 que hizo el TSJ

El caso investigado por Cuentas surge como consecuencia del proceso abierto por el gobierno del PP para argumentar la inexistencia de crédito presupuestario para dotar las 12 plazas de bomberos: 2 en el año 2008 y 10 en el 2010. Una «vulneración del principio de nivelación presupuestaria» que en el informe del interventor se detalla que ya se conocía y se mantuvo en el 2010, puesto que fue «posterior» al informe emitido en junio de ese año por el Tribunal de Cuentas; un informe que llevó a que el Tribunal Superior de Justicia declara nulo de pleno derecho el presupuesto del 2008.

El documento que tienen en su poder los magistrados del Tribunal reseña no sólo que se prescindió de esta obligación para las nuevas plazas, que argumenta el interventor que invalida toda la convocatoria de empleo, sino que se hicieron pagos de manera «manifiestamente ilegal» a la plantilla de bomberos con dinero del reparto de beneficios de la mancomunidad de servicios funerarios. Apuntes entre los que además se cita que el 5% de rebaja de sueldos a trabajadores en el 2010 se dedicó a nóminas y no a pagar deudas atrasadas como imponía el Gobierno.