El juzgado decidirá si anula las plazas de bombero como propone el PP

Más de un año después de iniciar la revisión de oficio, que caducó al sobrepasar los seis meses de plazo, la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer el expediente de declaración de lesividad de las oposiciones de bombero. El documento que el equipo de gobierno, pese a los votos en contra de PP y PSOE en la comisión informativa de Hacienda, enviará al juzgado contencioso administrativo para que evalúe si cabe la anulación de las oposiciones. «Será el juez quien decida», emplazó el portavoz del PP, José María López Benito, quien volvió a incidir en que su petición, que supone, lo que supone que el consistorio reclame que se anule un acuerdo de la propia administración, aunque adoptado en el anterior mandato por leonesistas y socialistas, se sustenta «en los informes de los técnicos municipales que dicen que no había consignación peresupuestaria». «No adoptaremos ningún acuerdo en el que haya un reparo de la Intervención», apostilló.

López Benito evitó valorar que en el expediente haya un informe del interventor en el que se dice que no había consignación presupuestaria para la convocatoria en el año 2010, frente a otro del viceinterventor, que en esos momentos hacía funciones de titular de Intervención, en el que se apunta que sí que había crédito disponible a finales del 2010. Dos documentos contradictorios entre sí, como han denunciado los opositores a bomberos ante el juzgado, junto a los cuales se da el caso de que el expediente de lesividad está promovido por la secretaria municipal, que era la presidenta del tribunal y entonces no hizo ninguna advertencia. «No entramos a discutir lo que dicen el interventor y la secretaria municipal, que es la máxima funcionaria del Ayuntamiento. Si plasman en el documento que se da la lesividad es porque creen que deben hacerlo», zanjó el portavoz del PP.

Pese a insistir en que ahora «es el juzgado quien debe decidir si está mal», López Benito dejó caer que «hay otros juicios pendientes que se han paralizado de momento». Pleitos entre los que citó el interpuesto por el sindicato Asial contra la formación del tribunal, en el que uno de los miembros era laboral, lo que impide que pueda examinar a funcionarios, pero que el equipo de gobierno actual ya cambió antes de la corrección del último examen. «Puede que el juzgado diga que está bien y luego se anule por otras causas», señaló el portavoz del PP, quien aseguró que la sentencia del TSJ que apunta que no podían amortizar las plazas en el presupuesto del 2012 «todavía no obliga a consignarlas».

Una consignación que ocasionaría que el Ayuntamiento tuviera que disponer los cerca de 600.000 euros de las 12 plazas de bomberos, para las cuales sobreviven 31 aspirantes, de entre los casi 600 iniciales, que esperan la nota del último examen hace más de 725 días.