El Ayuntamiento consignará las 12 plazas de la oposición de bomberos

Como «no podía ser de otra manera», el Ayuntamiento de León acatará el auto judicial que le obliga a consignar en los presupuestos del 2013 las 12 plazas de la oposición de bomberos, según anunció ayer el alcalde, Emilio Gutiérrez. Una decisión que podría derivar en que el consistorio tuviera que reanudar el proceso, paralizado desde que se hizo el último examen hace más de 725 días. Un freno que no existiría debido a que la disposición en las cuentas municipales de los 600.000 euros de coste acabaría con el reparo puesto por el interventor, quien promovió el informe de lesividad amparado en que en el momento de la convocatoria de plazas en el año 2010 no existía consignación presupuestaria efectiva. «Hemos pedido un informe a los servicios jurídicos para que nos informen sobre qué repercusiones tiene en los procedimientos abiertos, como el de lesividad», avanzó el regidor, quien quiso dejar claro que estos dictámenes técnicos serán la base de su decisión final. «Me vincularé a los informes jurídicos una vez más, ya lo adelanto», recalcó.

Estos informes deberán estar terminados como muy tarde el martes para que sean aprobados por la Junta de Gobierno extraordinaria que se convocará. La fecha tope establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) para decidir si recurren el auto primero en reposición y luego en casación ante el Tribunal Supremo, lo que conlleva invocar la unidad de doctrina mediante la presentación de un fallo análogo en el que apoyarse. Pero al margen del recurso, que no evita que se tengan que consignar las plazas, la importancia de los informes se debe a que deben sustentar si se continúa con la declaración de lesividad, que todavía no se ha presentado ante el juzgado contencioso-administrativo de León para que dictamine si anula la oposición.

La clave sobre la que deben evaluar los abogados municipales si se sigue adelante o se reanuda la oposición es el término anulabilidad, no nulo de pleno derecho como se apuntó en los primeros informes de intervención. El concepto que invoca el interventor para asentar su reparo sobre la falta de consignación. Una figura jurídica que implica que puede ser subsanable, lo que sucedería al consignar las plazas, con lo que la oposición tendría que seguir adelante. Un opción frente a la cual dentro del equipo de gobierno se valora que cabría defender que esta ausencia de disposición presupuestaria era en origen, en el 2010, y que no se arreglaría ahora en el 2012, lo que llevaría a continuar con la declaración de lesividad. Un término básico sobre el que el alcalde evitó hacer valoraciones. «Yo me quedo con el término lesividad, lo otro deben ser los técnicos quienes lo digan», apuntó.

Gutiérrez prefirió seguir la línea de defensa de todos estos meses. Una postura en la que reafirma que «en estos dos años» el equipo de gobierno ha seguido «al pie de la letra los informes técnicos al respecto, del interventor y de la secretaria general». «Me pregunto qué hubieran pensado los leoneses si ante un informe de lesividad para los intereses del Ayuntamiento el alcalde hubiera actuado en contra de los informes que me dicen que eso es lesivo. Nuestro objetivo es defender los intereses municipales», reseñó el alcalde, quien subrayó que «aquí los únicos que realmente no tienen ninguna responsabilidad son los opositores».

La responsabilidad la cargó Gutiérrez sobre el anterior equipo de gobierno PSOE-UPL, como ya hizo al enviar al Tribunal de Cuentas todo el procedimiento de tramitación de las plazas, incluido dentro de las presuntas irregularidades en la gestión económico administrativa. «Este es un embrollo más de los heredados que vienen de la etapa anterior. Este equipo de gobierno no es responsable», incidió.