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Los dos encarcelados por la estafa de los seguros solicitan salir de prisión

Permanecen en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas desde marzo.

Algunos de los elementos incautados en la instrucción del caso.

León

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El abogado que presuntamente lideraba la red de estafas a aseguradoras de León y el funcionario de uno de los juzgados de Instrucción de León que también fue imputado por el mismo asunto, solicitarán esta semana que se les conceda la libertad provisional.

Permanecían encarcelados desde mediados de marzo pasado cuando la juez instructora del caso determinó su ingreso en el Centro Penitenciario Provincial de Mansilla de las Mulas, bajo la acusación de haber cometido un presunto delito de estafa continuada con la que consiguieron hacerse con alrededor de cinco millones de euros, simulando accidentes para cobrar los partes de las compañías.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa de los dos acusados solicitará esta misma semana que se decrete la libertad provisional, por entender que no hay riesgo de destrucción de prubas, ya que la investigación policial se considera practicamente cerrada y por considerar que tampoco hay riesgo de fuga.

Será la juez quien en cualquier caso haya de determinar si procede la determinación, aunque en cualquier caso, las partes siguen trabajando en torno a este asunto.

La Policía Nacional detuvo inicialmente a 26 leoneses y un asturiano como presuntos implicados en la trama. Instrucción 2 ha adoptado algunas decisiones en todo este tiempo, después de que la Policía Nacional diese por finalizada la investigación de la Operación Bernesga, desarrollada en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en León.

Alto nivel de vida

El alto nivel de vida que llevaban varios de los miembros de la organización, así como por el incremento de accidentes de tráfi co que tramitaba el bufete para el que trabajaban el abogado cabecilla de la trama y otro compañero suyo, despertaron las primeras sospechas.

Los presuntos autores de los hechos conformaban una organización criminal debidamente estructurada y jerarquizada, compuesta por más de 30 personas que desarrollaban individual y conjuntamente tareas delictivas en función de la actividad profesional que cada uno de ellos tenía. Se dedicaban a estafar a distintas compañías de seguros de vehículos a motor.

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