En paralelo

Jueces para la Democracia considera que la aprobación del proyecto conllevaría la pérdida de la independencia. «Significa un nuevo paso al «desmontaje» de la independencia judicial», dijo en un comunicado, hace semanas.

El colectivo cree que el borrador contempla «lagunas, omisiones e imprecisiones evidentes» y supone un «mecanismo perverso» de control de la actividad judicial, que contiene «gravísimas carencias» que no dan respuesta a la «imprescindible» modernización que necesita la justicia.

Asimismo, JpD denuncia la poca pluralidad de la comisión de expertos encargada de redactar el anteproyecto y que no existan referencias sobre los plazos «para su presentación y debate parlamentario».

Desde la asociación consideran que la planta y demarcación en España necesitaba una «urgente adaptación» y que las ideas rectoras básicas, dirigidas a una mejor eficiencia en la organización de la justicia, se podían considerar como «bienintencionadas». Sin embargo, Jueces para la Democracia considera que esta reforma resulta «muy trascendente», lo que exige la redacción de un texto «mucho más trabajado y completo».