La Diputación avala la nueva ley local y sólo es reticente con las juntas vecinales
Las entidades locales de los municipios en quiebra pueden llegar a desaparecer .
Jaime González, Isabel Carrasco y Tomás Quintana, ayer, en la reunión sobre la reforma local.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local depende del cristal con que se mire. La Diputación de León cree que tiene cosas positivas, como el hecho de que administraciones como las instituciones provinciales, y otras como Cabildos y comunidades autónomas, no tengan que asumir por ley la gestión de los municipios que no pasen un examen de Hacienda. O el hecho de que ya no se establezcan unos mínimos obligatorios en cuanto a servicios públicos, aunque la Diputación comparte con los ayuntamientos gestiones como una central de compras o el servicio de recaudación.
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, hizo ayer un balance esperanzador del texto que ha entrado en el Congreso de los Diputados también por otras razones, como el cambio del coste estándar de los servicios para todos los municipios por el concepto objetivo, que «se adapta más a la realidad», según dijo. «No es lo mismo dar el mismo servicio en Riaño que en Santovenia», puso como ejemplo Carrasco.
Para León, la gran espada de Damocles es el debate sobre el futuro de las juntas vecinales, con normas que han entrado también en el Congreso como el hecho de que aquellos municipios que tengan que firmar planes económico-financieros con Hacienda pueden ver peligrar las juntas vecinales de los pueblos de sus municipio, según explicó ayer el catedrático de la Universidad de León Tomás Quintana, que está asesorando a la Diputación ante la reforma de la administración local. Quintana aseguró ayer que es «difícil» que se lleve a afecto una medida así, pero la aceptó como «razonable» en casos excepcionales ante la imposibilidad de no poder gestionar las entidades locales.
El catedrático de Derecho Administrativo de la ULE explicó ayer las líneas generales de la nueva Ley a los diferentes grupos políticos de la Diputación y a varios alcaldes de la provincia. La ley, según añadió ayer Carrasco en una comparecencia conjunta con el catedrático leonés, exime a las diputaciones de tener que asumir por obligación los servicios que no puedan los ayuntamientos con problemas ecónomicos, «que era un problemón que se nos venía encima», señaló Carrasco. «Lo que debe hacer la Diputación es contribuir a que todos los ciudadanos de la provincia tengan los mismos servicios», insistió.
Sobre las juntas vecinales, Carrasco añadió el carácter excepcional de la provincia de León por el número de entidades locales, y deseó que se acepte la sensibilidad de León en este tema. En ese sentido, destacó la presencia del diputado por León Eduardo Fernández como uno de los ponentes en el debate parlamentario.