La Junta abarata la venta y el alquiler de 3.500 pisos protegidos en la provincia

Alrededor de 3.500 viviendas de protección oficial están vacías en la provincia, y no encuentran comprador; mientras 4.000 familias están demandando una vivienda social sin poder acceder a ella como consecuencia de la crisis económica. Un colectivo de 12.000 personas sólo en León que en los próximos meses tendrá más facilidad para acceder a este parque de pisos desocupados gracias al Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Decreto de Fomento del Alquiler, que establece una serie de medidas entre las que destaca el abaratamiento tanto de los precios de alquiler como de los de venta de las viviendas sociales; además de un «servicio a la carta» de atención a las personas que tengan dificultades para gestionar y reestructurar sus deudas.

El objetivo es «dar una respuesta activa a la grave situación en la que se encuentran muchas familias en relación con sus viviendas como consecuencia de la crisis», según explicó ayer en León el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, Ángel Marinero. Marinero destacó que estas medidas pretenden dar respuesta a corto y medio plazo a dramas como el de los desahucios, aunque advirtió de que «después de la alarma de hace un año, se están solucionando los casos sin tantos desalojos como se temieron».

Morosidad creciente

El responsable de Vivienda destacó que la morosidad en la provincia en las cuentas de las viviendas sociales está creciendo, y es del 15%, ligeramente por debajo aún de la media autonómica. «A las familias en dificultades se les ofrece ahora la posibilidad de moratorias en los pagos o reestructuración de la deuda pendiente de amortizar».

Las medidas están dirigidas a colectivos especialmente vulnerables como consecuencia de la crisis, como las familias con todos sus miembros en paro, las que estén pendientes de una ejecución judicial o las que estén pendientes de una expropiación.

Tanto en el caso de las rentas de alquiler como en el precio de compra se establecen rebajas sobre los actuales. En el alquiler, por ejemplo, el precio en la capital y San Andrés del Rabanedo oscilará entre los 232 y los 418 euros al mes; mientras en Ponferrada será de entre 222 y 400 euros.

En el caso de las viviendas de protección oficial vacías, habrá una rebaja lineal de un 20% para todas las viviendas de dependen de la sociedad pública Provilsa. Los precios dependen del tamaño y la población donde se ubican las promociones afectadas por la medida.