La venta de vivienda social se abre a inversores que la alquilen a precios bajos

Una de las medidas que pone en práctica la Junta de Castilla y León para favorecer la liberación del parque de viviendas públicas vacías que no encuentran comprador es permitir el acceso a las personas que no cumplan las condiciones necesarias para acceder a este tipo de viviendas, pero que dediquen los pisos al alquiler de acuerdo con los precios sociales establecidos por la consejería.

Ángel Marinero destacó que cualquier comprador, «sea una persona física o un fondo de inversión», podrá acceder a la compra de una o varias viviendas protegidas. «Hay promotores privados en problemas para deshacerse de sus promociones, y familias que no pueden acceder a ellas. Pero sí podrían pagar un alquiler social».

En este caso la solución que se ha encontrado desde la Dirección General de Vivienda es «permitir que entren terceros agentes en este mercado, que colaborarán también a ofrecer una solución para el momento puntual de dificultades económícas en el que se encuentran las familias».

Los compradores deberán poner en el mercado del alquiler social las viviendas adquiridas durante un plazo mínimo de cinco años, según explicó el director general.

Además, la nueva normativa en materia de vivienda y fomento del alquiler en la Comunidad establece que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes reservarán al menos el 30% de sus viviendas sociales desocupadas al alquiler social; y también el 30% de los terrenos calificados como suelo urbano no consolidado y como suelo urbanizable y calificados como uso residencial que sean de su titularidad.