El PSOE se agarra al auto del tribunal de Cuentas para defender su gestión

Como «un varapalo a Gutiérrez», según el PSOE, o un informe que «no despeja claramente» las acusaciones, como apunta el PP. Las dos valoraciones sacadas del dictamen del Tribunal de Cuentas que archiva la denuncia por las presuntas irregularidades de la gestión económica del anterior equipo de gobierno, formado por socialistas y leonesistas. Un informe en el que se subraya «la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable», debido a que el dinero del reparto de beneficios de Serfunle se aplicó a «fines públicos», sin importar que esos fines fueran ajenos a los de la mancomunidad, y en el que no se hace mención alguna al resto de las supuestas «ilegalidades» que había puesto de manifiesto el informe del interventor municipal del que partió el caso.

Con el dictamen encima de la mesa, los socialistas reclamaron al alcalde de León que «evite el uso de la administración judicial para hacer oposición, ya que estas decisiones sólo perjudican a los leoneses». «El último varapalo para el alcalde y su equipo de gobierno, uno más sumado a otras sentencias contrarias ya recibidas por el PP», apuntó el PSOE en una nota de prensa, en la que incidió en que el informe expone que «no existe ninguna irregularidad punible en el traspaso de los fondos de la mancomunidad al pago de las nóminas del servicio de extinción de incendios, Seguridad Social, aportación para la sociedad del tranvía o programa Participa, las partidas a las que fueron destinados».

Los socialistas, que incidieron en que «tras oír al abogado del Estado, el fiscal y al propio Consejo de Cuentas, ahora el Tribunal de Cuentas confirma la actuación correcta del anterior equipo de gobierno», abundaron en que «el alcalde ha intentado manchar con mentiras y denuncias la anterior gestión económica, pero la justicia está desbaratando todas sus pretensiones y son muchas las sentencias y otros fallos judiciales que demuestran que no ha habido ninguna irregularidad punible».

Uso político

Amparado en la argumentación que hace el instructor Tribunal de Cuentas, el grupo dirigido por José Antonio Diez recalcó que «el alcalde deberá explicar por qué utiliza la institución, los técnicos municipales y la administración de justicia como herramienta para hacer oposición aunque esto suponga un coste económico y, desde luego, un perjuicio para la ciudadanía leonesa».

Pese a estos ataques, el portavoz del PP, José María López Benito, defendió que su decisión de enviar el caso en el que se advertían de las presuntas irregularidades se hizo «desde la responsabilidad», puesto que partió de «un informe del interventor». «Al contrario que le sucede al PSOE, que se alegra cuando hay cuestiones perjudiciales para el Ayuntamiento, nosotros nos alegramos de que el Ayuntamiento no tenga que devolver el dinero de los beneficios a Serfunle», apuntó el edil.

A pesar de mostrar su «respeto al dictamen del tribunal», López Benito no evitó considerar que el auto «no entra a valorar muchas de las cuestiones que se advertían en el informe del interventor», en referencia a los 124,2 millones de euros sin consignación presupuestaria y los 59,2 millones de ingresos presupuestados por exceso en las cuentas municipales del 2008 y el 2010.

López Benito concedió que «era obvio que los recursos se destinaron a fines públicos», como recalca el tribunal para descartar el delito contable, aunque lamentó que «no se despejaran claramente las cuestiones que sí que se ponían en tela de juicio en el informe del interventor». «¿Por qué va a ser un varapalo para nosotros?», señaló el edil del PP, quien resolvió que «lo que se ponía en duda era el proceder del anterior equipo de gobierno, no del actual».