UniónGC planteará al Gobierno medidas para la seguridad jurídica de víctimas
La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha anunciado hoy que ha dado «instrucciones» a sus servicios jurídicos para realizar «algún planteamiento» al Gobierno para que se «tomen medidas» de seguridad jurídica para las víctimas, tras la anulación de la llamada Doctrina Parot.
El presidente nacional del sindicato, Ramón Rodríguez, ha explicado hoy en León en rueda de prensa que el Gobierno no puede «permitir» que se «deje en tan mal lugar a las víctimas» para quienes ha sido un «insulto» la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Rodríguez ha afirmado que el sindicato, en principio, participará en la manifestación prevista para el próximo domingo en Madrid, aunque ha señalado que se deberá analizar «qué lemas se van a defender», porque ha afirmado que la UniónGC no defenderá «alusiones a no respetar la sentencia».
«No queremos ir a la manifestación contra nadie. Sólo es para estar con las víctimas», ha indicado el presidente que además ha calificado de «extraño y preocupante» la «prisa» de la Audiencia Nacional a la hora de acatar la sentencia del TEDH y excarcelar a la etarra Inés del Río.
El presidente nacional de AUGC ha lamentado que se haya puesto en libertad a la etarra que es una «alimaña asesina con más de 3.000 años de condena y 23 muertos a sus espaldas» que ahora «está en la calle», lo que supone un «verdadero insulto para las víctimas».
En este sentido, ha señalado que los miembros del instituto armado es el colectivo con «más asesinados» por la banda terrorista y que siempre ha sido el «azote» de la organización, por lo que ha mostrado su «enérgica repulsa» a la libertad de una persona con un «pasado partidario del coche bomba y el tiro en la nuca».
Además, la UniónGC ha propuesto al Gobierno de España que los agentes de las empresas de seguridad privada que se pretenden derivar a los centros penitenciarios se destinen a «incrementar» la protección de las víctimas de violencia de género.
El presidente nacional de esta organización ha asegurado que las empresas de seguridad privada, cuyos trabajadores se han ido incorporando desde el pasado mes de abril a 21 centros penitenciarios españoles en detrimento de los agentes de la Guardia Civil, «no tiene justificación alguna».
Por ello, ha pedido que no se «cuestione» el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los centros penitenciarios, a la vez que ha pedido que estos trabajadores se sometan a «planes de formación» que sean «equiparables» a los de la Guardia Civil.
«No es posible que con un cursillo de quince días puedan desempeñar labores de la Guardia Civil o de la Policía Nacional», ha señalado Rodríguez, que ha indicado además que la medida no supone un ahorro, tal y como plantea el Gobierno, porque se incrementa el número de empleados.