La trama leonesa que estafó cinco millones a los seguros tenía una rama de narcotráfico
En los registros aparecieron dos kilos de cocaína, 375 de marihuana y 4.500 pastillas de estupefacientes.
Imagen de los efectos incautados por la Policía Nacional tras las detenciones.
La trama leonesa que supuestamente estafó alrededor de cinco millones de euros a diferentes compañías de seguros a través de la emisión de partes de falsos accidentes, tenía también una ramificación que se dedicaba presuntamente al tráfico de drogas, negocio al que según fuentes de la investigación dedicaban una parte importante de los beneficios que obtenían con las prácticas fraudulentas que se destaparon en una amplia operación policial ejecutada a mediados de marzo de este año.
En uno de los registros, se hallaron dos kilos de cocaína, 375 kilos de marihuana y 4.500 pastillas estupefacientes, según confirmaron a este periódico fuentes de la investigación. Los hallazgos fueron previos a la intervención que llevó a la detención de 27 personas (26 leoneses y un asturiano) por su posible relación con los hechos.
De todos ellos, solamente permanecen en prisión dos personas, un joven abogado de 31 años al que se considera el cabecilla de la trama y un funcionario de un juzgado de Instrucción de León, que facilitaba los trámites procesales a la red para adelantar su gestión y permitir que se cobrara antes las indemnizaciones.
Abogados, procuradores, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, funcionarios y profesionales liberales formaban parte de la nómina de personas detenidas a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional.
Del numeroso contingente de profesionales de la medicina que fueron investigados inicialmente, tan solo se mantiene la acusación sobre un doctor, médico de familia, que ha sido imputado y una enfermera, que también permanece en la misma condición. El resto de los sospechosos simplemente fueron investigados y ahora están fuera del caso.
Alto nivel de vida
Las primeras sospechas despertaron a raíz del altísimo nivel de vida que llevaban los principales abogados encausados, coincidiendo con una época en la que los profesionales de este sector están encontrando más problemas para cobrar sus minutas. Vehículos de alta gama, posesiones inmobiliarias, gastos diarios...
La primera intervención policial tuvo lugar varios meses antes de que se destapara la trama. Una multitudinaria operación contra la droga permitió la detención de al menos una decena de personas, algunas de las cuales fueron puestas en libertad provisional como señuelo, para espiar sus operaciones ante la certeza de que podían estar relacionadas con los cabecillas de la estafa, a los que se pretendía llegar. Con este método, se consiguieron los datos necesarios para encausar a los objetivos a los que realmente se perseguía.
El líder del grupo era un joven letrado, esposo de una agente de Policía que también fue detenida en la operación y que, debido al estado avanzado de gestación en el que se encontraba por aquel entonces, fue puesta en libertad con cargos. El otro miembro de la organización que se encuentra en prisión es un funcionario de Instrucción 5 de León, que fotocopiaba documentos en el juzgado y sustraía sellos o efectos timbrados para dotar de mayor celeridad a los procesos que interesaban.
Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria ha decidido sumarse a la investigación del caso, por entender que entre los presuntos delitos que también podrían haberse cometido figura el blanqueo de capitales.
La aparición de un supuesto caso de tráfico de drogas lleva a pensar a los investigadores que se podría producir un camino de ida y vuelta para el lavado de dinero negro, que la trama llevaba a cabo apoyándose en un conocido clan familiar de la capital y que a la inversa, permitía a esta misma familia llevar a cabo actividades presuntamente al margen de la ley para dar salida a fondos obtenidos de forma poco transparente.
Denegada la libertad
La instrucción del caso sigue su curso. El letrado defensor del principal encausado solicitó en junio la excarcelación de su patrocinado, por entender que no concurrían los supuestos obligatorios para mantenerlo en prisión preventiva, pero la solicitud fue denegada y los dos principales acusados se mantienen internos en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, a la espera de que el Ministerio Fiscal decrete si procede la apertura de juicio oral contra los sospechosos. El caso está en manos del juzgado de Instrucción 2.