Avanza en Argentina la querella que busca imputar a los leoneses Martín Villa y Fernando Suárez por crímenes del franquismo

La querella argentina contra los crímenes del franquismo, la única causa abierta en el mundo por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos en la dictadura entre 1936 y 1975, busca un nuevo impulso tras la imputación y orden de arresto que dictó una juez de Buenos Aires contra cuatro policías y guardia civiles españoles acusados de torturas, dos de los cuales ya habrían fallecido.

En esta ocasión, 28 querellantes españoles tienen previsto viajar a Argentina el viernes y 12 de ellos declararán ante la titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correcional número 1 de Buenos Aires, María Servini De Cubría. La instructora de la causa 459/10, más conocida como la querella argentina del franquismo, que se ampara en el principio de justicia universal que el Gobierno socialista limitó en España, les interrogará la primera semana de diciembre para documentar nuevos crímenes, informó Colpisa.

En principio, la acción penal va dirigida contra cinco querellados que fueron altos cargos o tuvieron responsabilidad administrativa en el anterior régimen. Se trata del exministro del Interior Rodolfo Martín Villa; el dos veces ministro franquista José Utrera Molina; el exvicepresidente y exministro en el último gobierno de la dictadura Fernando Suárez González; y los jueces jubilados Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.

En el caso del leonés Martín Villa, de 79 años, le acusan de perpetrar el asalto de la Policía a la Iglesia de San Francisco en Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en donde se celebraba una asamblea de 4.000 trabajadores en huelga y fallecieron cinco y hubo cientos de heridos. Para testimoniar este suceso, la juez tomará declaración a uno de los supervivientes, Andoni Txasko Díaz.

A Utrera Molina, exministro de Vivienda y secretario general del Movimiento, le acusan por firmar junto al resto de miembros del gabinete la condena a muerte de Salvador Puig Antich, el último ejecutado con garrote vil en 1974. La querella contra el político de 86 años, la encabeza Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, quien fue condenado a muerte y ejecutado por el asesinato de una subinspector de la Brigada Político Social en Barcelona.

El tercer querellado es el exministro de Trabajo Fernando Suárez González, también leonés, al que se le acusa como corresponsable de la sentencia de muerte aprobada en uno de los últimos Consejo de Ministros del franquismo, en septiembre de 1975. Fueron fusiladas cinco personas, entre ellas los etarras Txiki y Otaegi y tres miembros del movimiento antifascista FRAP

Los dos jueces que firmaron aquella sentencia de muerte, Jesús Cejas y Rafael Gómez, también están querellados.

Sobre este caso, la juez Servini interrogará a Pablo Mayoral, que también fue juzgado por la muerte de un policía y un militar, y finalmente absuelto. Mayoral perteneció al FRAP y al Partido Comunista de España, donde se encargaba de la propaganda y de la revista del partido.

Somos declarantes

Entre los otros nueve españoles que declararán en Buenos Aires están el sacerdote franciscano Felipe Izaguirre, acusado en el franquismo por difundir propaganda de los malos tratos policiales y que sufrió torturas; Ascensión Mendieta, de 88 años, cuya padre fue uno de los 822 paseados en el cementerio de Guadalajara entre 1939 y 1944; o Paqui Maqueda, víctima de la trama de bebés robados en Sevilla en 1963.

OItros dos querellantes viajarán a Argentina para ampliar la denuncia contra los dos primeros imputados en la causa, el inspector de policía Juan Carlos González Pacheco, alias Billy el Niño , de 67 años, y el capitán de la guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74, acusados de torturas continuadas. Este delito está tipificado en Argentina con penas de entre ocho a 25 años de cárcel.