La subida un 63% del precio de la residencia Santa Luisa provoca un aluvión de quejas en Diputación

Cerca de cuarenta personas presentaron ayer en el Registro de la Diputación una reclamación al incremento del precio fijado por las arcas provinciales para la residencia de ancianas Santa Luisa. En periodo de exposición, estas alegaciones individuales, que critican la subida «del 63% en estas tasas», deben ser analizadas para tenerlas en cuenta o rechazarlas antes de que el Pleno apruebe definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios en este centro, del que es titular la institución provincial.

Los reclamantes, todos con el mismo tipo de alegación, recuerdan que se trata de una residencia pública y que está regulada por la legislación estatal vigente y por la autonómica. «Esta subida toma como referencia la Resolución de 27 de julio de 2012 de la Gerencia de Servicios Sociales, que establece el coste máximo de plaza ocupada, relativa a la acción concertada en materia de su reserva en centros de servicios sociales». Creen que la subida supone un «abuso» y presentan la reclamación «por entrar en contradicción con el fondo, la forma y el espíritu de toda residencia pública de mayores y dependientes».

Añaden, además, que «la diferencia entre la ordenanza que nos ocupa y el precio fijado por la Junta en los centros públicos es evidente; no tanto en las cifras globales del coste como en la manera de facilitar el acceso a los usuarios con menor nivel de renta». Denuncian que el centro, a pesar de ser de titularidad pública, «actúa igual que un centro privado y concertado si se aplica el presente reglamento, lo que supone un incumplimiento flagrante de la legislación vigente y un posible fraude a los usuarios y familiares afectados, ya que las condiciones se ocultaron a los que decidieron solicitar plaza en Santa Luisa».

Creen que con esta medida la Diputación muestra «afán recaudatorio y pretende hurtar el fruto de una vida a los mayores afectados», reclamando que «revoque la exigencia a los usuarios de renunciar a los beneficios de la Ley de Dependencia».