IU cree que los parlamentarios leoneses deberían exiliarse por defender la reforma local
Consideran que la Junta debería presentar un recurso de inconstitucionalidad
El coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez, afirmó hoy que la reforma loca supone “un golpe de Estado contra la democracia y la desaparición de facto de cualquier autonomía municipal”. Por eso, considera que “las mentiras del PP al respecto sólo merecen la dimisión de sus diputados y senadores. Y la traición a esta provincia y su modelo propio de democracia, el exilio, si esto fuera posible. Nos conformamos con la consideración de personas non gratas en su propia tierra”.
A juicio de la coalición, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local servirá para generar negocio privatizando y mantiene la amenaza de disolución de las juntas vecinales, “por mucho que mientan los senadores del PP”, dijo en alusión a la defensa hecha por éstos sobre la nueva norma. Estas entidades, argumenta IU, “sobran porque la dictadura del PP no comprende lo que significan y desprecia su modelo democrático de gestión”.
Con su puesta en marcha, añade, los municipios pierden cualquier capacidad para ofrecer servicios que no sean competencias propias recogidas por la nueva ley y la política social pasa a ser 'asistencialismo'. Las diputaciones, asegura, tendrán capacidad para decidir cómo se gestionan los servicios de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, accesos a los núcleos de población y pavimentación de las vías, lo que significa que los municipios menores de 20.000 habitantes y las juntas vecinales perderán toda capacidad para decidir en estos aspectos.
“Estamos ante la intervención definitiva de los ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, que junto y en coordinación con las diputaciones, podrá impugnar cualquier acuerdo municipal o de junta vecinal que incumpla la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y será causa de desaparición de la entidad local. “Estamos ante el robo del 55 por ciento de la provincia de León y la Junta ya debería estar amenazando con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad sólo por la injerencia intolerable del Gobierno en las pedanías”, señaló Santiago Ordóñez.