El Senado aprueba la Ley de Administración Local sólo con los votos del PP y el PNV

El Pleno del Senado aprobó hoy con 160 votos a favor, los del PP y el PNV, y 90 en contra, sin abstenciones, el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La votación se aplazó desde ayer por la tarde hasta este mediodía para que los grupos parlamentarios negociaran una serie de enmiendas transaccionales. Al final, ninguna de las de CiU fue aprobada, ni tampoco del resto de los grupos.

Todos ellos votaron consecuentemente en contra del proyecto de ley, con la excepción del PNV, que vio satisfecha en la negociación del dictamen su pretensión de que la ley se adecuara a la especificidad de la regulación local en el País Vasco.

Algunas de las 12 propuestas de modificación del dictamen que salió de la Comisión de Entidades Locales que resultaron aprobadas en la votación de hoy con el acuerdo del PP hacen también referencia a la adecuación a las particularidades de la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra, las leyes de los Cabildos y los Consejos Insulares canarios y baleares, el Estatuto de Autonomía aragonés.

De hecho, CiU pretendía llegar a algún tipo de acuerdo con el Grupo Popular para que el proyecto de ley respetara la competencia exclusiva que se reservaba en el ámbito local el Estatuto de Autonomía catalán, pero finalmente las negociaciones no han dado sus frutos.

Otras de las propuestas de modificación que salieron adelante hacen precisiones sobre el salario máximo que pueden percibir los concejales, los presidentes de los Cabildos y Consejos Insulares, y respetan la personalidad jurídica y la condición de entidad local de aquéllas inferiores al municipio que estuvieran constituidas como tales o hubieran comenzado a hacerlo antes del 1 de enero de 2013.

Por lo demás, el proyecto de ley, que reforma la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, consagra el principio de que cada competencia corresponda a una sola administración, para evitar duplicidades, somete a los ayuntamientos a la disciplina presupuestaria impidiéndoles que asuman atribuciones adicionales si ello les hace incurrir en déficit y deja a las diputaciones provinciales la prestación de servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El texto pasa ahora al Congreso de los Diputados para la promulgacíón definitiva de la ley. El PSOE ya ha anunciado que la recurrirá al Tribunal Constitucional, por considerar que vulnera competencias autonómicas y locales y que abre a la privatización la gestión de los servicios públicos municipales, impidiendo a los ayuntamientos ser la primera red de protección de los ciudadanos en dificultades.