Gexín llevará al juez el conflicto con el Ayuntamiento por cerrar las piscinas

Un día después de que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo anunciara un expediente sancionador a la empresa Gexín por cerrar las piscinas municipales y el centro de ocio «de forma unilateral, a pesar de un contrato en vigor hasta el 2020», la adjudicataria replica que está muy tranquila, que siempre ha cumplido el contrato y que llevará el conflicto con el Consistorio ante el juez. Gexín considera que el expediente «entrará de lleno en la antología del disparate del derecho administrativo, porque es sorprendente que un ayuntamiento anuncie una sanción a una empresa por cumplir al pie de la letra lo acordado por el alcalde».

En su versión, la compañía valora que el pasado septiembre Gregorio Chamorro les «amenazó con la máxima dureza y sanciones ejemplares», tras haberse visto «obligados a suspender el servicio por los impagos acumulados». El alcalde, según indican, habló de «una resolución para rescatar el servicio que se fue convirtiendo con el paso de las semanas en un acuerdo de intenciones primero y en un preacuerdo después sin ninguna importancia ni validez».

Una visión que choca con la municipal, desde donde se reitera que «no existe resolución de Alcaldía para asumir el servicio a partir del 1 de enero, sino un preacuerdo para negociar entre ambas partes el rescate del servicio». Gexín niega que en el acto de entrega de las llaves de las instalaciones al Ayuntamiento, en la sede de la Policía Local, existiera intransigencia por su parte, como denunció el concejal de Deportes, Pedro García. «En ausencia del alcalde que nos convocó, la única postura intransigente fue la del Ayuntamiento, que se negó en redondo, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, a proceder a la subrogación de los trabajadores adscritos al servicio con motivo del rescate acordado». Gexín afirma que «es falso» que haya despedido a los trabajadores. «Les hemos comunicado con la antelación suficiente para que se pudieran asesorar, que a partir del día 1 el servicio pasaría a ser gestionado por el Ayuntamiento», una asunción que el equipo de gobierno niega radicalmente.

La compañía, que ha echado encima del Ayuntamiento a usuarios y empleados, alega que ha invertido dos millones en las instalaciones y que ha cumplido siempre todos los términos del contrato, «especialmente en lo relacionado con el número de trabajadores, horarios y tarifas». Para resolver las divergencias acudirán a los tribunales de justicia.