| san andrés del rabanedo |
La Plataforma del Catastrazo pide otra valoración para 600 hectáreas rústicas
Ven «afán recaudador» del Consistorio al girar el IBI sin llegar todas las sentencias.
Vista aérea de San Andrés, cuyo PGOU recalificó una gran bolsa de suelo rústico como urbano.
La Plataforma contra el Catastrazo, integrada por propietarios de fincas rústicas en San Andrés del Rabanedo que fueron recalificadas como urbanas en el nuevo planeamiento general de 2010, solicita una nueva valoración de esas 600 hectáreas «más ajustada a la realidad económica actual», además de poner el asunto en conocimiento del Ministerio de Hacienda para que inicie la revisión de oficio.
Parte de los afectados ya han comenzado a recibir en sus domicilios una carta de pago del IBI correspondiente al ejercicio 2012 sin recargo, pero con el 5% de intereses, «a pesar de haber sido suspendido por acuerdo de la Junta de Gobierno Local hasta que todos los que recurrieron ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León reciban las sentencias», indican.
Según recuerdan, el Ayuntamiento incumple ese acuerdo, al haber emitido ya 353 recibos, uno por cada solar, que está girando a 140 contribuyentes de los más de 700 disconformes con la modificación del uso de aquel suelo. La suspensión de cobrar el IBI pendiente a esos propietarios «se basaba en que los afectados habían presentado una reclamación administrativa y hasta que no se emitiera fallo no se cursarían los recibos», matizan. Muchos de los particulares aún no han recibido al sentencia del Tribunal Económico, por lo que «consideramos esta emisión de los recibos pendientes de su abono como un afán recaudatorio de la Administración de San Andrés del Rabanedo», remarcan. Valoran «positivamente» la declaración de intenciones del PP de intentar modificar el PGOU, y la suspensión del recargo del 20% del IBI del ejercicio 2012, pero dudan que se les exima en las facturas inminentes de 2013 y 2014.
Las plusvalías
Lamentan que algunos partidos políticos hayan obviado «el gran problema que supone para los afectados este asunto» e inciden en su preocupación por las plusvalías para los herederos de esas fincas «que fueron valoradas por encima de su valor de mercado en un momento de crisis galopante en el sector inmobiliario», entre ellas, «pedregales y lagunas que no se desarrollaran como mínimo en cincuenta o sesenta años». Opinan que esas valoraciones les han colocado «en una verdadera indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos de la Administración». Y señalan que si muchos de los afectados no pueden soportar la nueva carga económica que les añade el PGOU al cambiar su suelo rústico por urbano, menos podrán encargar una valoración contradictoria contra la de los peritos.