La Junta tendrá que devolver el 'centimazo' a los leoneses que presenten las facturas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró al fin ayer ilegal el cobro del impuesto sobre los carburantes conocido como el céntimo sanitario, que el Gobierno aplicaba desde enero de 2002 y al que la Junta de Castilla y León se sumó en el tramo autonómico máximo en marzo de 2012. Un impuesto que ha seguido cobrándose a pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades europeas sobre su ilegalidad, lo que ha llevado al tribunal a concluir que el Ejecutivo lleva más de una década actuando de mala fe, por lo que le obliga a devolver una cantidad que en todo el país se calcula en 13.000 millones de euros.

Las recomendaciones europeas sí sirvieron para que el Gobierno modificase el modelo fiscal que grava los hidrocarburos, de forma que desde enero de 2013 el impuesto se cobra igual, pero de una forma que Bruselas considera ajustada a sus directivas.

En el caso de Castilla y León, con este cambio, la ilegalidad del impuesto cobrado afecta a los diez primeros meses de aplicación de la medida, entre marzo y diciembre de 2012. En ese período la Junta recaudó en conjunto 86,6 millones de euros. León consume de media en los últimos años un 20% de los combustibles de automoción en la Comunidad, por lo tanto lo recaudado en la provincia en esos meses fueron 17,3 millones de euros, que son los que pueden ser reclamados por los consumidores.

En esos meses la Junta devolvió la mitad de lo recaudado a los transportistas, y desde enero de 2013 les devuelve la totalidad del impuesto. Sin embargo, a los autónomos y al resto de los conductores se les ha cobrado un impuesto que ahora se ha demostrado ilegal en ese tiempo; pero al que hay que sumar los once años que pagaron el tramo estatal del impuesto.

En todo caso, los ejercicios fiscales de antes de marzo de 2010 están prescritos, por lo que sólo se podrá reclamar desde entonces hasta diciembre de 2012.