Los empresarios de León piden ayuda contra el 'tarifazo'

El delegado territorial de la Junta, Guillermo García Martín, se ha reunido con varios empresarios leoneses del sector de la cogeneración para abordar la difícil situación que se puede generar en dicho sector como consecuencia de la reforma energética que va a llevar a cabo el Ministerio de Industria.

Según los datos facilitados por la Sociedad Española de la Cogeneración, en la provincia de León existen 16 plantas de cogeneración, la mayor parte de ellas vinculadas a industrias de distintos sectores productivos, que suponen una potencia instalada de 72 MW, que es el 10 por ciento de la potencia instalada en Castilla y León.

Para los empresarios, la reforma que pretende aplicar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo puede poner en riesgo muchos puestos de trabajo y la propia continuidad de las empresas, “que han realizado en los últimos años cuantiosas inversiones para poder utilizar este tipo de energía y para poder ser por ello más competitivas”.

En los últimos años los empresarios de Castilla y León invirtieron en instalaciones de cogeneración más de 540 millones de euros para aumentar su competitividad y ser más eficientes energéticamente en sus industrias.

Según precisó al delegado territorial el representante de la empresa Apaychacana, situada en el polígono industrial de Vidanes, la subida de impuestos, la eliminación de complementos y la inclusión de esta producción energética entre las renovables han generado un clima de inquietud e inseguridad jurídica entre todos los empresarios del sector, que siguen pidiendo al Gobierno medidas que “garanticen una rentabilidad razonable para hacer viables las instalaciones de cogeneración y la propia continuidad de las industrias a ellas asociadas”.

Por su parte, Guillermo García se ha comprometido a trasladar estas inquietudes de los empresarios al presidente de la Junta y a los consejeros de Economía y Agricultura, que son los más relacionados con las cuestiones planteadas, aunque sin dejar de considerar que las medidas demandadas entran dentro del ámbito competencial del Gobierno Central.