Ninguno de los cortavientos de los bares cumple la normativa

Unos por publicidad, otros por estar anclados en el suelo o en la pared, otros por no ser transparentes, los más por no montarse de manera independiente al toldo... El catálogo de deficiencias que hace que ninguno de los cortavientos laterales, colocados por los establecimientos de hostelería para dar cobijo a los fumadores desde que en enero del 2011 entró en vigor la Ley Antitabaco, cumpla con los requisitos fijados en la normativa. Un grupo de 21 bares y restaurantes a los que el Ayuntamiento ha abierto expediente, sin apercibimiento de sanción por el momento, para que regularicen su situación. Una advertencia en la que se apunta que si no cumplen se les pedirá que lo retiren, como ya han hecho 5 negocios.

Dentro de las irregularidades apenas hay dos casos en los que se puede validar la instalación: dos bares en los que el cortavientos lateral está anclado a la cornisa en la que está inserto el cartel del establecimiento y sujeta con contrapesos en el suelo. Una posibilidad que no se advierte en el resto, en los que «no se han respetado las condiciones que se adoptaron para dar un mayor apoyo al sector hostelero, en este tiempo de crisis, dando una mayor flexibilidad normativa a la utilización de los cortavientos, sino que, sin solicitud previa, se han beneficiado ejecutando otro tipo de instalaciones diferentes», según se cita en el informe elaborado desde el servicio de protección de la legalidad urbanística del Ayuntamiento. El documento en el que se subraya además que «no cumplen con la finalidad de crear espacios confortables durante el periodo invernal y, al no estar amparados legalmente corren el riesgo de que el seguro de responsabilidad civil no cubra los posibles riesgos que pudieran ocasionarse, sin olvidar que son en múltiples ocasiones lugar de encuentro y elementos dinamizadores de la vida social».

Junto con la reseña de los cortavientos se hace un repaso a la situación de los toldos adosados a fachada. Unas instalaciones que se dispararon desde 2011 hasta ahora, con 150 casos, de los que un 40% se hicieron sin solicitud de licencia. El listado de 44 negocios dentro de los que 27 solicitaron la legalización, tras pasar la revisión de los inspectores, afrontar el pago de las tasas preceptivas —una media de 400 euros, en función del presupuesto de ejecución— y la sanción mínima reducida en un 50% por su buena disposición, que supone 500 euros. Una rebaja de la que no se beneficiaron los otros 17 establecimientos que hicieron caso omiso del expediente abierto, por lo que entraron en el proceso de restauración de la legalidad, con multas que empiezan por 1.000 euros y que, incluso, pueden derivar en la orden de retirada de los elementos colocados al margen de la normativa.