El ESCÁNDALO DE LOS ANESTESISTAS
Caunedo valora en 120.000 euros las cirugías que se le atribuyen y no hizo
La jueza se interesa por la forma de pago y la elaboración de las hojas de los quirófanos
José Manuel y su abogado, Juan Caunedo, ayer en los juzgados.
El anestesista José Manuel Caunedo valora en 120.000 euros las más de 1.500 cirugías que dice que se le atribuyen en dos años y que él no realizó. El anestesista presentó ayer ante la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de León los documentos con los que pretende demostrar que otros anestesistas utilizaron presuntamente su nombre para operar en la clínica López Otazu sin su consentimiento y supuestamente se embolsaron ese dinero. En su declaración ante la jueza durante casi una hora, Caunedo defendió todos los términos de su denuncia en la que pide que se investigue un presunto delito penal por usurpación de personalidad y falsificación de documento público.
Caunedo acudió a declarar ayer ante la jueza solo, acompañado de su abogado, Juan Caunedo, que echó en falta la presencia de una representación de Sacyl en la sala. «Deberían personarse como acusación particular porque todos estos datos demuestran que la clínica también los ha engañado a ellos». «Hay compañeros de profesión que me reprochan la repercusión mediática de mi denuncia, pero yo no tengo nada que ocultar», asegura Caunedo.
El anestesista se dedica exclusivamente a la actividad privada y denuncia que otros colegas de Sacyl utilizaron su nombre para operar en la clínica López Otazu a pacientes procedentes del cupo de Sacyl, lo que está prohibido por la ley de incompatibilidades. En la denuncia Caunedo asegura que la gerencia de la clínica le llegó a ofrecer mil euros para que sus compañeros pudieran utilizar su nombre, a lo que se negó.
El interrogatorio
La jueza se interesó ayer por los nombres de los anestesistas que tenían incompatibilidad para realizar esas operaciones, que identificara los nombres en las hojas de quirófano y del circulante, la explicación de tres de los más de 1.500 casos que llevaba en las carpetas y que atribuía a las irregularidades, así como la forma en la que Otazu le pagaba, que era mediante un cheque.
La jueza analizará ahora la documentación y decidirá los pasos a seguir con la comparecencia de nuevos testimonios o el archivo de la causa. Si la jueza decide seguir adelante será el momento en que el intervenga el fiscal. «Esto todavía es la fase de instrucción y será la jueza la que decida si hay un delito y contra quién se actúa», explica el fiscal jefe, Emilio Fernández.
La gerencia de Sacyl también espera el pronunciamiento de la jueza. «Hemos pedido al fiscal que nos diga si podemos seguir con la investigación administrativa, que está parada porque todavía no nos han contestado desde el juzgado».