El TSJ deja sin convenio provincial a 8.000 trabajadores de hostelería

La cuerda tensada desde hace dos años entre los sindicatos y los empresarios de hostelería y turismo de León la rompió la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ). Los magistrados que, acogidos a la nueva reforma laboral, decretan que «transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya aprobado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior, o lo que es lo mismo, el convenio estatal». El criterio que hace que 8.000 empleados del sector queden sin marco provincial al que acogerse y, dado que la norma nacional no fija cantidades sino sólo los descansos y la jornada semanal de 40 horas, remite sus condiciones salariales a lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

El cambio de estas condiciones llega como consecuencia de un pleito interpuesto por UGT contra la empresa Siscor Norte S.L., que gestiona las franquicias leonesas de Burguer King, por haberse descolgado del convenio colectivo 2008-2010. Un pleito en el que en primera instancia dio la razón al sindicato el juzgado de los social de León, al aplicar la ultraactividad: la norma que marcaba que en ausencia de un nuevo convenio, que no se había producido por la ruptura de las negociaciones, seguían vigentes las condiciones del anterior. La cláusula que ahora el TSJ dicta que no tiene prevalencia con la entrada de la reforma laboral y supone «una sentencia que por primera vez entra en la raíz del problema para que no se pueda atar la negociación colectiva», como expone el portavoz de la empresa y presidente de la asociación provincial de hostelería y turismo, Pedro Llamas. «Es un fallo que, aunque todavía cabe recurso de casación ante el Supremo, supondrá un referente a nivel nacional, como ya demuestra que nos la haya pedido la Ceoe», señaló.

El fallo, que ayer UGT evitó valorar hasta que lo conozca y pueda decidir si recurre, se traduce en una pérdida de condiciones laborales para los trabajadores. La merma salarial a la que pueden acogerse las casi 4.000 empresas hosteleras y hoteleras leonesas, como apuntó Llamas, que «ya no tienen la obligación de cumplir con los pluses de asistencia, que son 80 euros, manutención, 24 euros, y nocturnidad, otros 50 euros, además de que supone la congelación de la antigüedad». El nuevo marco en el que los empleados sí que conservan «la tercera paga extra y el salario base que tenían, fijado en un mínimo de 1.000 euros para un ayudante de camarero a jornada completa».

Peor incluso queda la situación para las nuevas incorporaciones. Contrataciones a las que no será necesario aplicar «ni la tercera paga extra, ni la antigüedad» y que además no contarán con el listón mínimo de 1.000 euros del convenio, sino a los que «se les podrá aplicar a partir del salario mínimo interprofesional», que está en 645,30 euros. «A mayores puede hacerse lo que se quiera, pero sin más obligación», aclaró el hostelero.

A pesar de que el fallo les concede este nuevo marco, Llamas avanza que los hosteleros están «abiertos a negociar un nuevo marco regulador, pero sin pagar barbaridades porque la situación económica ha hecho mucho daño». «Nuestro convenio era el más alto, con 4.500 euros de diferencia con el de Valladolid en el coste por trabajador, que es de 1.950 euros con Seguridad Social prorrateado en 12 pagas», reseñó el portavoz de los hosteleros, quien reclamó a los trabajadores «un esfuerzo para llegar a un acuerdo».