La oposición exige al PP que recoloque ya a los que paga por estar en casa

Con una decena de trabajadores en casa, a los que les llega el sueldo pero no han sido recolocados como ordenan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los partidos de la oposición criticaron ayer el «despilfarro» motivado por «el empecinamiento de la concejala de Personal y Régimen Interior, Nuria Lesmes, en contra de lo que le dice la justicia». «Lo que debe hacer el equipo de gobierno del PP es cumplir con los mandatos judiciales y dejar las políticas equivocadas laborales que lo único que suponen es un derroche sin contraprestación de las arcas municipales», recalcó el portavoz de la UPL, Eduardo López Sendino, a quien se sumó en sus reivindicaciones su homólogo del PSOE, José Antonio Diez, para advertir de que «estas políticas ya le han costado al Ayuntamiento más de un millón de euros, entre las indemnizaciones y el contrato con un bufete externo que le asesoró en el ERE».

Diez insistió en que «ya se ha sentenciado la nulidad del ERE en tres instancias», además de que se han dado casos «de discriminación en los que se ha cambiado a unos trabajadores para favorecer a otros y que no les afectaran los despidos». Las sentencias que, pese a que el TSJ dictó como nulas las rescisiones, ordenó la readmisión y luego el Supremo no admitió el recurso de casación, no impidieron que «el PP, que es el partido que se inventó el despido diferido, aquí en León optara por el despido sobre el despido». La práctica con la que el equipo de gobierno pretendía volver a echar a los afectados, amparado en un fallo del TSJ de Madrid que amortizaba las plazas de los indefinidos no fijos como si fueran interinos, y ante la que el Alto Tribunal autonómico «les ha vuelto a frenar» en lo que «supone ya rayar la prevaricación». «Hace casi un año que llegaron las primeras sentencias, lo que supone que los trabajadores llevan todo este tiempo cobrando por estar en su casa y sin recolocar, y ahora dicen que están estudiando. Parece una broma», concedió el líder socialista, quien aclaró que «no todos los casos son del albergue, que cerraron con el plan de ajuste, por lo que no tienen disculpa».

En la crítica incidió el portavoz de la UPL, Eduardo López Sendino, quien mostró su «indignación y preocupación por esta lamentable hecho que hasta la fecha impide a los trabajadores del Ayuntamiento ejercer su derecho al trabajo». La situación planteada que además «ha provocado un despilfarro al tener que satisfacer un salario a unos trabajadores que no estaban prestando servicio alguno al impedirlo el equipo de gobierno del PP». «Esto demuestra el empecinamiento de la concejal de Régimen Interior, Nuria Lesmes , que incluso ha contado con los asesoramientos técnicos de una empresa privada no leonesa», cargó el líder leonesista, quien abundó en que «supone otro derroche añadido y un fiasco político ante el que, aplicando un mínimo de decencia, debería dimitir».

No se quedó atrás IU, sin representación política en el consistorio, al apuntar hacia «la falta de la Relación de Puestos de Trabajo» como motivo para que «el PP hiciera lo que le diera la gana con el ERE». «No se hacen las cosas como se deben hacer y, encima lo sufren los ciudadanos con el coste y el cierre de servicios», señaló el coordinador provincial de la formación, Manuel Domínguez Chico, quien afirmó que demuestra «la absoluta incapacidad» del equipo de gobierno y su empeño en «intentar aplicar la Ley Montoro por encima de los tribunales».