Ángel Villalba replica a la ministra Ana Pastor

1.ª.- Sobre la intervención de la ministra poco diré, porque la sede parlamentaria le da absoluta inmunidad para verter cualquier tipo de comentario o acusación. Solo recordaré que hace un año y en el mismo marco y en respuesta al mismo senador contestó exactamente lo mismo que el pasado martes. Sería ingenuo pensar que Pastor no utilizó la pregunta parlamentaria para ventilar la porquería suficiente para ocultar o disimular la indignación ciudadana de León contra ella y su gestión en materia ferroviaria. Es evidente que, en cierto modo, consiguió su objetivo.

Sobre la Intervención General del Estado sí quiero precisar que en su seno hay interventores/as inteligentes y rigurosos/as. Pero los hay también dóciles y entregados al poder, cuando no sectarios/as. Me explicaré: Hoy apenas se habla ya de la compra de 8 trenes tram y 4 tranvías, supuestamente irregular, aprobada en los Consejos de Administración de Feve durante el gobierno o del PSOE y en el actual del PP (sí: una parte del expediente de compra se aprobó siendo presidente de Feve Marcelino Oreja). Debe saber la opinión pública que una compañía ferroviaria está constantemente renovando su flota de trenes o rehabilitándola de forma integral. De 2007 a 2009 Feve compró o rehabilitó 40 trenes, por un importe superior a 150 millones de euros, y con un procedimiento similar al utilizado en la compra antes dicha de trenes tram. En concreto, las 30 unidades 2700 y 2900 (algunos en circulación por nuestra provincia) responden a un pedido de 12 trenes, que se fue incrementado —y modificando el pliego— hasta llegar a esos 30 trenes, buena parte de los cuales son notablemente diferentes a los originales. Pues bien, ninguna auditoría de la Igae formuló observación alguna sobre el procedimiento o sobre las cuentas. Y el responsable de la auditorías de la Intervención era el Jefe de Inspección, Alberto Girón. Pero he aquí que cambia el gobierno de España, se incorpora Pastor al Ministerio y sorprendentemente, Alberto Girón emite un informe ciertamente duro sobre la compra de los nuevos trenes. Y ¡oh casualidad¡, al día siguiente de la emisión de ese informe, en mayo de 2012, que le vino muy bien a Pastor para atacar la gestión de Feve, Girón fue nombrado Director Económico Financiero de Loterías del Estado, con un sueldo que triplicaba el que percibía como Jefe de la Inspección de la IGAE…

El grueso del ataque de la ministra Pastor —que recoge el Diario de León— se refiere a la adquisición de fincas e inmuebles en el marco de la integración de Feve en la ciudad de León, operación que se inició en el mes de febrero de ese mismo año 2010, tras la firma de un Convenio entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de León y la propia entidad Feve. Y se basa en un supuesto Informe de la Igae que se evacúa en un momento en que el debate social y ciudadano en la ciudad de León sobre la paralización de la integración de Feve en ella, está adquiriendo un serio protagonismo y poniendo en dificultades al equipo de gobierno del Ayuntamiento de León, del mismo color político, como es sabido, que el del gobierno de España. La manifestación celebrada el pasado día 6 de abril en defensa del ferrocarril, fue uno de los principales hitos de esa contestación. Cabe pensar, teniendo en cuenta otros antecedentes, que el supuesto informe de la Intervención del Estado sobre la compra de dichas fincas y edificios en la capital leonesa, ha sido exigido sin duda por el Ministerio de Fomento, para derivar la atención ciudadana hacia los anteriores gestores de Feve o del gobierno de España, en relación con un asunto auditado ya en múltiples ocasiones, sin que se haya advertido en dichas Auditorías irregularidad alguna.

Porque no se explicaría, si no, que por parte de la Igae, y de esa misma Intervención Territorial de Gijón, se hubieran realizado en su momento tres auditorías sobre el mismo asunto que ahora se «audita» de nuevo: la Auditoría operativa de Cuentas de Feve 2010, la Auditoría adicional 2010 y otra específica de Contratación 2009-2012. En todas se analizó la adquisición de fincas en León que nos ocupa, sin que se advirtiera —repito— ninguna actuación anómala o irregular en ella. Evidentemente, la ministra Pastor se ha servido de la Intervención para mediante la realización de un cuarto informe —ad hoc— de auditoría, ocultar su desastrosa gestión en materia ferroviaria en general, y de Feve en particular.

2.- En el citado Convenio Marco se definieron las condiciones necesarias para la integración en superficie de la línea de Feve mediante el establecimiento de un sistema tren-tranviario en la ciudad de León. Las partes firmantes acordaban asimismo el desarrollo urbanístico del sector de la estación de Feve en esta ciudad fijando a tal efecto los parámetros generales del sector NC-06-03 del PGOU de León y estableciendo plazos y condiciones para la presentación en el Ayuntamiento de una propuesta del correspondiente Estudio de Detalle de dicho sector.

De acuerdo con el contenido del citado Convenio Marco, comenzó Feve de forma inmediata a realizar tanto las gestiones de índole administrativa (muy complejas, puesto que afectaban a dos ministerios —Fomento y Medio Ambiente—, a tres consejerías de la Junta de Castilla y León —Fomento, Cultura y Medio Ambiente— y al propio Ayuntamiento de León), como de redacción de proyectos de infraestructura y de encargos de construcción de trenes-tranvía para circular por el tramo renovado de la línea de Feve. Hay que decir que en esta tarea se contó con la colaboración de empresas expertas en el diseño urbanístico (Ineco o GIS —Gestión de Ingeniería y Servicios—); de profesionales expertos en este área (el arquitecto superior D. Félix Gordillo García), además de juristas leoneses conocedores de ella (D. Ignacio Morán González). A ello se unió la eficaz colaboración de D. Rafael Domínguez Olivera, abogado del Estado, quien directa o indirectamente a través de la Asociación de Abogados del Estado de España suscribió un convenio de colaboración con Feve, remunerado con 30.000 euros anuales. Baste decir que este esfuerzo colectivo y la inmediata implantación de la circulación tren-tranviaria de Feve en León, hizo posible que la tramitación se redujera de forma notable en relación con las previsiones iniciales y que el gobierno de España subsanara las lagunas jurídicas existentes en nuestro país en lo que refiere a la inclusión del tranvía o del tren-tranvía en la normativa del sector ferroviario, regulando su circulación en la Ley 2 de 4 de marzo de 2011 de Economía Sostenible.

A los asesores externos se les sumaba, claro está, el trabajo de los profesionales de Feve: La Dirección General, en ese momento desempeñada por D. Amador Robles Tascón y la Asesoría Jurídica, junto con los responsables del Área de Trenes y la Asesoría Jurídica, para lo referido al encargo de nuevos trenes-tranvías; las Áreas de Patrimonio y Urbanismo y el Área Jurídica en lo referido al desarrollo del sector citado; y el Área de Infraestructuras y el Área Jurídica en aspectos que afectaban a las dos anteriores o en otros proyectos propios, también relacionados con las obras de integración en León. Especialmente importante, por tratarse de un tema de su absoluta competencia, es el trabajo del Área de Patrimonio y Urbanismo de Feve, que se responsabilizó, junto con el asesor jurídico D. Ignacio Morán González, del diálogo y negociación con los propietarios de los bienes inmuebles afectados y con el propio Ayuntamiento de León. Finalmente, el responsable de los servicios jurídicos de Feve, D. Valentín Pérez García, se encargó de la recepción del expediente de compra y de gestionar su tramitación o supervisarlo con vistas tanto al traslado al Consejo de Administración, como a la tramitación ante los organismos pertinentes para su perfeccionamiento una vez aprobada su propuesta por el Consejo de Administración de Feve.

3.- Para poder llevar a cabo con la mayor eficacia posible lo estipulado en el Convenio Marco, fue necesario impulsar el desarrollo del sector siendo Feve propietaria única del mismo. Cualquier otro sistema de gestión —de expropiación o compensación— retrasaría o paralizaría sine die la presentación de un Estudio de Detalle al Ayuntamiento de León que conformara plenamente el citado desarrollo.

Para ello fue imprescindible llegar a un acuerdo con los propietarios minoritarios existentes en el sector en lo que se refiere a la adquisición de sus edificios y fincas y la renuncia a los derechos y aprovechamientos que les pudieran corresponder en el futuro. Por tanto, el «precio» de los mismos no iba referido únicamente a su valor de mercado considerado aisladamente, sino que había que añadir los aprovechamientos urbanísticos derivados del sector, así como un valor estratégico, derivado del hecho de que el sector requería para su desarrollo la condición de que lo fuera con propietario único, pues de otro modo, se hacía prácticamente imposible.

Los parámetros generales del Convenio Marco para el desarrollo del sector NC-06-03 de León y las previsiones del mismo, incluían tanto la cesión a Feve de los futuros aprovechamientos que pudieran corresponder al Ayuntamiento de León en lo que refiere a la construcción de entre 150 a 200 viviendas y locales comerciales (20.466 m2 construidos), como de las plazas de aparcamiento resultantes de la construcción de un aparcamiento subterráneo en una superficie de 4.551 m2. En resumen, los futuros aprovechamientos, que, además, debían financiar la urbanización del sector, proporcionarían además a Feve unos beneficios económicos superiores a los 25.300.000 euros —ese era el cálculo incluido en el primer Informe de Viabilidad Económica del Sector, realizado por el arquitecto superior D. Félix Gordillo García, posteriormente fue rebajado hasta los 15.000.000 euros— , sin incluir los derivados de la construcción del aparcamiento subterráneo.

Las negociaciones con las familias Barthe Arias y Arias Pérez para la compra de estos terrenos y sus derechos —negociaciones que fueron muy duras y difíciles— las llevaron a cabo las areas y asesores antes citados. Tras una petición inicial de estos propietarios para la venta de sus solares de 2.500.000 euros, se logró finalmente llegar a un acuerdo en 1.700.000 euros, un 30% inferior a la exigencia inicial. Esta cantidad estaba —por otra parte— muy alejada de las previsiones de rendimiento económico que Feve hacía del futuro del sector —previsiones negociadas con los técnicos en urbanismo del Ayuntamiento de León—, que establecían para el m2 construido de vivienda edificable un precio de 3.110 euros/ m2; para el de local comercial u otro uso compatible, un precio de 3.200 euros/m2, y estaba sin determinar el precio de venta correspondiente al aprovechamiento del aparcamiento subterráneo. En efecto, la indemnización a los propietarios, ajustada a los valores establecidos en la tasación de D. Félix Gordillo García, resultó ser de unos 2.120 euros/m2 para las viviendas de dichos propietarios; de 1.500 euros/m2 para sus locales comerciales y de 1.000 euros/m2 para los solares sin uso.

Nada tiene que ver este acuerdo y estas valoraciones —tampoco la tasación citada— con la supuesta valoración de la Empresa Segipsa, dependiente de la ministra Pastor, que, se dice, se ajustan a los precios del mercado de la vivienda en León en 2010, una vez que se ha desechado por Adif el desarrollo del Sector, aun aprobado por el Ayuntamiento y ello a pesar del daño que esa paralización pueda hacer tanto al futuro del propio ferrocarril de vía métrica como al desarrollo urbanístico integral de la propia ciudad de León. Pues bien, se entenderá fácilmente que en modo alguno puede compararse una valoración estática de unas edificaciones, realizada en la perspectiva del año citado, 2010, con otra que contempla una perspectiva de desarrollo y aprovechamiento sustancial para quien se va a convertir en propietaria única de un sector urbanístico situado en pleno centro de León, sobre el que se podrían edificar un importante número de viviendas y plazas de aparcamiento.

Así pues, resulta contable y técnicamente inadecuado, jurídicamente indefendible y urbanísticamente inapropiado, intentar establecer similitudes entre tasaciones basadas, como se reconoce supuestamente por la Intervención, en el valor del mercado que los citados bienes inmuebles podían tener en un momento dado (2010), con aquel otro resultante del desarrollo de un sector que generaba en ese momento importantes y lógicas expectativas.

En conclusión, ni parece razonable la emisión de un cuarto informe de auditoría sobre el mismo asunto (con toda seguridad es el clavo ardiendo al que se quiere agarrar la ministra para justificar lo injustificable: el abandono de León), que ya había sido auditado en tres ocasiones por esa Intervención Territorial, ni responde a una necesidad sobrevenida o a la aportación o conocimiento de datos nuevos, ni puede tener más explicación que agitar —y de qué manera— la gestión del gobierno de este país hasta 2011.

4.- Concluye, también supuestamente la Intervención, que se ha producido un grave perjuicio patrimonial para Feve y en consecuencia para Adif. De la lectura de las alegaciones anteriores se deduce claramente que la decisión de Adif de paralizar sine die el desarrollo del sector en cuestión, el NC 03-06, priva a la propia empresa de la obtención de importantes recursos (25 millones de euros, según la documentación que se proponía en 2010 al Ayuntamiento de León), además de contribuir a que el fragmento urbanístico más céntrico de la ciudad de León continúe siendo una brecha social y ciudadana. Y a impedir que los usuarios del tren de la antigua Feve puedan llegar hasta la propia estación de Matallana. Son, por tanto, los gestores actuales de Adif-FVE y la ministra Pastor, los que, en una decisión política sin justificación alguna, están lesionando gravísimamente los intereses de la propia empresa Adif, y de la ciudad de León.

La herencia de Zapatero no puede servir como argumento para paralizar un proyecto que ya había entrado en plena fase de ejecución material y cuya recuperación en el futuro (si es que sucede) generará unos costes superiores para las arcas públicas a los de su culminación tal como se había proyectado. Esto sí que es denunciable. Sin contar con el coste social y de depresión para una ciudad como León que supone este abandono injustificable, toda vez que, repito, los recursos económicos para su culminación estaban basados en el propio desarrollo del sector.

5.- Finalmente: la ministra Pastor perdió la oportunidad en el Senado de explicar no ya el futuro de Feve, que ella misma desconoce; no ya los resultados del último ejercicio —bajo su mandato— de Feve, el de 2012, en el que alcanzó unas pérdidas de 150 millones de euros, la reducción de casi un 40% del transporte de viajeros y la reducción hasta un papel testimonial del transporte de mercancías, que llegó a ser la actividad más emblemática de Feve. Perdió la oportunidad de devolver a León lo que le ha arrancado en estos dos últimos años: la oportunidad de tener el mejor transporte público de Castilla y León y uno de los mejores de España.