El Tribunal de Cuentas fiscaliza la gestión de Villalba al frente de Feve

En paralelo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas fiscaliza ya las principales inversiones efectuadas por Feve durante la presidencia del leonés Ángel Villalba. El informe, fijado en su programa de actuaciones para el año 2014, en el que el órgano independiente analizará la gestión de la compañía de vía estrecha desde 2005 hasta 2012. El periodo en el que se incluye la dirección del político del PSOE, que tomó posesión del cargo en el primer semestre de 2008 como relevo de Dimas Sañudo y se mantuvo hasta diciembre de 2011, cuando entró el popular Marcelino Oreja. La época en la que se enmarcan las tres operaciones polémicas aireadas por la Intervención General de la Administración del Estado: la compra de la sede de Oviedo por un 40% más de su valor, de acuerdo a la tasación de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y Patrimonio (Segipsa) y la venta de chatarra ferroviaria a un 50% de su valor; la adquisición de dos parcelas en el entorno de la estación de la capital leonesa por el doble de lo tasado, según la valoración del mismo órgano estatal; y el contrato con Vossloh para 28 trenes tram, entre ellos los de León, en el que el Consejo de Estado advirtió «graves irregularidades».

Para cumplir con el encargo, el Tribunal de Cuentas tiene ya en sus manos parte de la documentación requerida, según confirmaron ayer desde la institución. Contratos y adjudicaciones a las que se suma ya la operación de la compra de las dos parcelas de la estación de Feve en León, situadas en la cuña entre las calles Federico Echevarría y Rafael María de Labra, justo donde estuvo ubicada Mantequerías Arias: la bolsa de terreno de 478 metros cuadrados, con dos edificios construidos, por la que se pagó 1.770.000 euros, de acuerdo a la tasación realizada por el arquitecto externo Félix Gordillo.

La factura no concuerda con la valoración hecha por la Segipsa, elaborada en 2013 pero con precios de 2010, que fija el precio en 885.558,84 euros. Casi el doble, por lo que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado establece que puede haberse dado una infracción de «alcance o malversación en la administración de fondos públicos». La acusación de la que se defiende Villalba con el argumento de que «la tramitación fue impecable» y que el acuerdo «se tomó por unanimidad» y con los informes jurídicos preceptivos.

El trabajo de los profesionales de la institución ahondará tanto en este contrato como en el que se hizo para la compra de la sede que la compañía tiene en Oviedo y para la venta de la chatarra, pero sobre todo se centrará en los mecanismo de compra de los 28 trenes tram por valor de 62,3 millones, dentro de una licitación que empezó por 4 unidades y 16 millones.

El dictamen de Cuentas complementará la investigación que tiene en marcha la Fiscalía, según anunció la pasada semana en el Senado la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien calificó los casos como «dos de las cosas más feas» que se ha encontrado «en la administración pública». Las acusaciones que tendrán que concretarse para ver si al final se aprecia delito, lo que llevaría a Villalba delante del juez, o los órganos judiciales se inhiben al no apreciar alcance o malversación.