La Cámara de la Propiedad Urbana impugna ante el TSJ el incremento de las tasas de agua y alcantarillado

La Cámara de la Propiedad Urbana de León ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el incremento del 1,5 por ciento de las tasas por suministro de agua potable y alcantarillado que León aprobó en diciembre del pasado año. La asociación considera “incoherente” la subida de las tasas que gestiona Aguas de León, frente al resto de tasas municipales que aumentaron solo un 0,3 por ciento.

El TSJ ya anuló en su día a iniciativa de esta Cámara el criterio del devengo trimestral, que supuso la anulación de las dos últimas subidas de tasas anteriores a ésta, algo que estimo que debería haber tenido en cuenta el Ayuntamiento antes de aprobar un incremento del precio del agua y alcantarillado “superior al del resto de tasas municipales por servicios no privatizados”, explicaron los responsables de la Cámara a través de un comunicado.

Además de la subida, también ha impugnado y trata de anular el importe de la tasa fijado por cambio de titular que ya ha comenzado a cobrar Aguas de León, manifestando su “total disconformidad” con el importe propuesto de 50 euros, cuantía que considera “desorbitada y alejada de la realidad del mercado” en comparación con las establecidas por las suministradoras de otros servicios, como energía eléctrica o gas natural, que ofrecen este servicio “de forma gratuita o por un precio mínimo”.

Según la Cámara de la Propiedad Urbana, esta subida de tasas, acompañada de nuevas figuras tributarias en el suministro de agua potable y alcantarillado, no puede ser admitida por los ciudadanos, sobre todo, teniendo en cuenta la situación “especialmente grave” que está viviendo la sociedad leonesa “por la agudeza de la crisis económica”, que ha conllevado una “drástica” reducción de su poder adquisitivo, con “elevadísimos” índices de desempleo, continuos recortes en prestaciones públicas y una “cada vez más elevada” presión fiscal.

Todo ello está provocando que muchos propietarios de viviendas estén haciendo “enormes esfuerzos” para hacer frente al pago de sus préstamos hipotecarios, de “elevados” impuestos como el IBI, y de las obras necesarias consecuencia de la Inspección Técnica de Edificios (ITC), con la obligación de realizar desembolsos importantes.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, Luis Álvarez, confió en que se declare la nulidad de la subida ya que se entiende que “no es el momento” de subir la presión fiscal de los ciudadanos dada la coyuntura económica. Además, recordó que el Ayuntamiento es la administración “más cercana” al ciudadano y reconoció que el actual equipo de Gobierno está haciendo “grandes esfuerzos” para conseguir la viabilidad económica con una gestión “eficaz” de los recursos, por lo que estimó que el Ayuntamiento no debe caer en la decisión “fácil” de incrementar las aportaciones de los leoneses para costear los servicios públicos.