«Es una maniobra de privatización»
. Justicia encarga que El Corte Inglés haga inventario del Registro Civil y los funcionarios rechazan la decisión.
Trabajadores de los juzgados, en un momento de la protesta de ayer en Sáez de Miera.
Los trabajadores del Registro Civil de León consideran que la decisión del Gobierno de encargar a la división informática de El Corte Inglés de un inventario de libros, proyecto al que se dedican 120.000 euros, es una clara muestra de la intención privatizadora del Ejecutivo de Alberto Ruíz Gallardón, motivo por el que volvieron a concentrarse a las puertas de los juzgados como todos los jueves, a las 11.00 de la mañana.
«La muestra indica que las intenciones son de privatizar el Registro Civil. Lamentablemente con dinero público se está adjudicando a una empresa privada un servicio público que era gratuito para los cidadanos», explicó Fabricio Gómez (CSIF).
No era necesario
«Desde nuestro punto de vista, no era necesario. Pensamos que lo que había que hacer es dedicar ese dinero a mejorar los medios personales y los materiales. El colapso en algunos registros, que no es el de León, se podría evitar si se hubiera dedicado el dinero a mejorar medios técnicos y personales. Se le ha encargado un inventario a la empresa informática de El Corte Inglés. Se desconocía por los representantes de los trabajadores, lo cual es muy grave, cuál es la intención. Queremos saber si quieren privatizar, si hay un contrato privado y de qué cuantía. La finalidad del inventario es privatizar el servicio. Además se está utilizando a los propios trabajadores, quitándoles su tiempo y la atención al público para recoger los datos. Nos gustaría que el ministerio explicara por qué están quitando a los trabajadores su tiempo para que faciliten los datos de cómo están los registros civiles en toda España».
La situación es de «ocultación total de la negociación que se llevan a cabo con los registros mercantiles, los notarios y con los registradores de la propiedad. Los sindicatos y los funcionarios no tenemos ningún dato de la transparencia con la que se va a actuar. La ley esbozada por el anterior gobierno presentaba una vacatio legis que acababa el 22 de julio. Tenemos dos meses y medio de margen para saber qué va a ocurrir, pero a día de hoy, todo hace pensar que vamos a la privatización. Se va a acabar con la seguridad jurídica de los datos personales y se van a eliminar puestos de trabajo. La calidad que se está ofreciendo ahora, habrá que pagarla por los impuestos y por los aranceles que se van a fijar para que esos colectivos se beneficien. Son profesionales que no van a aportar nada, no como los funcionarios que ahora ofrecen un servicio de calidad», explicó el portavoz.
Justicia ha enviado un cuestionario a los registradores en el que pregunta, entre otras cosas, por el estado de conservación de los libros anteriores a 1950, el número de tomos, su grosor o el número de metros que ocupan en sus estanterías.