El Ayuntamiento de León reduce al mínimo los pagos por reclamaciones de daños de ciudadanos

Una caída en la calle Octavio Álvarez Carballo, a la salida de Mercadona, por la que de reclama una indemnización de 3.144 euros, debido a una baldosa rota que causa la fractura del maleolo del peroné en un viandante; un golpe en el paso de peatones de Alcázar de Toledo que ocasiona un golpe en un ceja y daños a un ciudadanos en el ojo derecho, valorados en 16.410 euros; un tropezón con la raíz de un árbol en el campo hípico municipal que acabó con una herida de 3,5 centímetros en la nariz de un vecino por la que se piden 7.504 euros... Tres de los últimos casos desestimados por el Ayuntamiento de León por reclamaciones patrimoniales, dentro de la nueva política adoptada desde primeros del presente año para intentar frenar el pago de indemnizaciones que se sucedían cada ejercicio por infraestructuras en mal estado, como baches que ocasionan reventones en los neumáticos de los vehículos o aceras que causan esguinces en los tobillos de los leoneses, y que en el último ejercicio firmaron un desembolso de 338.707 euros, a pesar de que desde 2012 se lograra una reducción del número de expedientes totales del 28%.

La nueva política municipal acaba con la mecánica de no contestar a las reclamaciones patrimoniales recibidas, que derivaban en silencio administrativo y acababan en los juzgados de lo contencioso administrativo. Frente a este modelo, ahora cada una de las reclamaciones que se registran en las oficinas municipales cuentan con un expediente en el que se reclama al servicio correspondiente —sobre todo obras, vías y Policía Local— que emita informe sobre las causas que denuncian ,los ciudadanos y si éstas se adecúan a las condiciones de los equipamientos municipales. Una mecánica que hace que la mayoría de las exigencias ciudadanas por daños acaben desestimadas, después de contar con el preceptivo informe del consejo consultivo si la reclamación supera los 3.000 euros, y de que las posteriores apelaciones a los juzgados de lo contencioso administrativo ya cuenten con una argumentación fundamentada en contra, en la que incluso se da trámite de audiencia a los ciudadanos afectados, en lugar de abandonarse a lo reclamado como sucedía hasta el pasado ejercicio.

El cambio hace que se minimicen los registros que había en los tres últimos ejercicios. León sumó desde 2011 un cifra de 468 expedientes de reclamación patrimonial por daños y perjuicios sufridos por los ciudadanos, saldados con una factura desembolsada de 548.794 euros en total.

Los pagos se sujetan al acuerdo alcanzado con el seguro, en el que se fija una franquicia del 30%, con 30.000 euros de máximo y 6.000 de mínimo, lo que hace que la administración tan sólo tenga que afrontar las cantidades que queden fuera de la franja marcada. Un guión del que quedan excluidos algunos servicios municipales específicos, como los derivados de agua o limpieza, que cuentan con seguros propios para atender los siniestros que se presenten por el mal funcionamiento de las infraestructuras o las prestaciones a los ciudadanos.