El Consejo de Estado respalda el recurso que impulsó el PSOE de León contra la reforma local del Gobierno

El Consejo de Estado ha validado el recurso de inconstitucionalidad promovido desde el PSOE de León contra la reforma local del Gobierno y secundado por más de 3.000 ayuntamientos españoles.

El dictamen señala que la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local plateada por el PP vulnera gravemente “la autonomía local constitucionalmente garantizada”. De este modo, da vía libre a la presentación de la demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que el alto tribunal confirme la inconstitucionalidad de la norma.

Según informaron los socialistas a través de un comunicado, ante el varapalo del Consejo de Estado, el secretario general del PSOE de León, Tino Rodríguez, exigió al Gobierno “que suspenda la aplicación de la reforma local que está privando a la ciudadanía de los servicios municipales, mientras dicta sentencia el Constitucional”. Rodríguez recordó que la norma planteada por el PP conlleva la desaparición de muchas juntas vecinales desde el próximo 1 de enero, una de las instituciones más vinculadas a la provincia de León que concentra, con más de 1.200 pedanías, un tercio de las existentes en España.

“Está en juego el futuro de la democracia participativa y de una cultura política próxima a los ciudadanos que ha demostrado su buen hacer y el compromiso de las juntas vecinales y de los pequeños ayuntamientos con el mantenimiento del mundo rural”, indicó el líder de los socialistas leoneses. El pasado mes de noviembre, el PSOE de León, a través de su secretario de Política Municipal, Juntas Vecinales y Medio Rural, Julio César Fernández, propuso en la Conferencia Política del PSOE celebrada en Madrid promover un recurso que consistía en que los ayuntamientos recurrieran ante el Tribunal Constitucional la ley de Rajoy por “invasión de competencias”.

La propuesta contó con el aval del resto de federaciones del partido y logró el doble del respaldo exigido legalmente, ya que se adhirieron más de 3.000 municipios españoles con una población superior a los 17 millones de habitantes. Tino Rodríguez destacó que León, además de impulsar la iniciativa, ha aportado al recurso que ahora valida el Consejo de Estado la firma de más de 60 ayuntamientos “que representan a más de 200.000 leoneses y leonesas, lo que supone casi la mitad de la población de la provincia”.

A juicio del Consejo de Estado, los motivos fundamentales que lesionan la autonomía de los municipios son tres: la coordinación por parte de las diputaciones provinciales de la prestación de los servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, la determinación, cálculo y efectos prácticos del famoso coste efectivo de los servicios y la posibilidad de que la junta de gobierno local adopte las decisiones fundamentales del municipio, privando al pleno de su conocimiento, decisión y adopción.

En consecuencia, el Consejo de Estado considera contrario a la Constitución desapoderar a los municipios menores de 20.000 habitantes de sus competencias básicas y propias como son la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales; así como la limpieza viaria, el acceso a núcleos de población, la pavimentación de vías urbanas o el alumbrado. Rechaza, además, que se haga en base a un concepto tan etéreo y vago como el “coste efectivo de los servicios” que puede variar de un territorio a otro según sus circunstancias.