La madre de Triana quiso también conseguir un puesto fijo en la Diputación

Su hija Triana llevaba ya casi un año trabajando como funcionaria interina en el puesto de ingeniera de telecomunicaciones en la Diputación, donde tomó posesión de su cargo el 1 de junio de 2007. Cuando la institución provincial convocó en marzo de 2008 un concurso-oposición para 40 plazas de auxiliar administrativo, María Montserrat González Fernández decidió presentarse a estas pruebas con el objetivo de conseguir un puesto fijo como funcionaria en la Diputación.

Este empleo le permitiría compartir lugar de trabajo y horario con Triana, además de contar con un salario fijo cada mes para sumar al sueldo de su hija y sustentar el alto nivel de vida que ambas llevaban.

Con el número 997, Montserrat aparece en la lista definitiva publicada el 22 de agosto de 2008 con los 2.172 aspirantes admitidos por el denominado acceso ordinario para concurrir a este concurso-oposición. La cita del primer ejercicio se fijó para el día 27 de septiembre en las facultades de Económicas y Derecho.

Entre las diversas vías de acceso a estas oposiciones, la Diputación recibió un total de 2.255 instancias, aunque finalmente llegaron a presentarse 1.600 personas.

La madre de Triana no consiguió ser una de las aspirantes finales a una de las 40 plazas y, por lo tanto, no logró su ansiado puesto de funcionaria.

Precisamente, estas oposiciones constituyeron uno de los mayores quebraderos de cabeza de la presidenta, Isabel Carrasco, durante su primer mandato por las numerosas críticas de «enchufismo» a las que tuvo que hacer frente por parte de la oposición.

Polémicas oposiciones

Además, el asunto llegó a los tribunales de la mano de varios aspirantes y el Procurador emitió también una resolución a favor de las quejas presentadas por el proceso de un centenar de opositores.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 1 de León acordó en el otoño de 2010 el archivo de la causa contra la Diputación en el caso de las supuestas filtraciones en los exámenes de las oposiciones a auxiliar administrativo. En esta causa fueron demandados la propia presidenta de la institución provincial, el diputado de Personal, funcionarios e integrantes del tribunal calificador y el gerente del PP de aquel entonces.

Los opositores demandantes sospechaban que algunos de los aspirantes tenían afinidad familiar o de otro tipo con cargos o militantes del Partido Popular leonés y que habían recibido supuestamente filtraciones de los exámenes.