Las inspecciones afloran 5.000 empleos irregulares y fraude por 3,6 millones de euros en León

El plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, puesto en marcha por el Gobierno para frenar la denominada economía sumergida y las actuaciones ilegales en materia de empleo, cerró 2013 con 28.819 inspecciones en León, en 1.502 de ellas detectaron infracciones, con un total de 5.024 trabajadores involucrados y un montante económico valorado en algo más de 3,6 millones de euros. Además, la Inspección cursó 2.128 requerimientos, según reflejan los datos aportados por el Gobierno en una respuesta escrita a los senadores leoneses del PP Luis Aznar y Silvia Franco.

En el mismo documento, el Ejecutivo explica que los empleos aflorados de trabajadores extranjeros que prestaban servicios sin estar dados de alta se incrementaron un 0,81%, pasando de 1.857 en el bienio 2010/2011 a los 1.872 del 2012/2013.

En cuanto a los fraudes en prestaciones por desempleo y las actuaciones desarrolladas en la lucha contra este fenómeno, el Gobierno apunta que las infracciones a empresas crecieron el ejercicio anterior, de 142 a 148. Y en el caso de los trabajadores, subieron un 5,42%, de 203 a 214.

La respuesta a los senadores leoneses especifica, además, que en el periodo 2012/2013 fueron anuladas 83 altas ficticias de empresas frente a las dos del año anterior. Los importes liquidados en León por trabajadores que no se dan de alta en la Seguridad Social, por tener empleados con categoría inferior a la que le corresponde o por las derivaciones de responsablidad en supuesto de impago de cuotas generan un fraude anual de 16,6 millones de euros cada dos años, exactamente el doble que en el bienio anterior.

Entre los objetivos del plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, está el impulso al afloramiento del empleo irregular con efecto regularizador de las condiciones de trabajo; corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones, sobre todo, aquellos que se constituyen en empresas ficticias, y sacar a la luz situaciones irregulares por falta de altas de trabajadores que prestan servicios o en la percepción de otras prestaciones del sistema. También combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales.